Sin resolver la cuestión de la competitividad es imposible que la marcha de nuestra coyuntura pueda evitar la crisis económica, desde que España cambió radicalmente su modelo económico en 1959 con el Plan de Estabilización, a partir del cual está integrada en los 27 Estados de la Unión Europea. Lo que resulta curioso es lo que, de pronto, se ha planteado en relación con el precio de la electricidad, por parte de uno de los dirigentes del socialismo español, el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández: "Hablar de competitividad es hablar de energía en calidad y a un precio adecuado", dijo recientemente ante el comisario europeo de Energía, Antonio Tajani.
Se precisa, dice, un enlace con la Europa de la electricidad, para superar la inferioridad que se deriva del coste que tiene ésta en España. El resultado de esta situación acaba de contemplarse en Arcelor. La plantilla de esta empresa –un 55’75% de sus trabajadores de ella– ha aceptado que en un nuevo convenio se recorten los salarios y la incorporación de medidas de flexibilidad laboral. Así es como se pretende evitar –la política de esta empresa en Europa lo hacía temer– que se planteen recortes de la producción y de empleo.
En parte notable esa necesidad de rebajar los costes laborales se debe al alto precio de la energía que precisan las plantas asturianas de Arcelor Mittal, con lo que da la impresión de que la exigencia de energía barata de Javier Fernández como único freno a estas medidas de tipo social tiente toda la justificación imaginable.
Efectivamente la tendría si no existiese, desde el famoso parón nuclear, en la etapa del Gobierno González, defendido aun recientemente por la Fundación Ideas, vinculada al Partido Socialista, una estructura energética forzosamente más cara que la que se planteó en el primer Plan Energético Nacional, en el que los ministros Alfredo Santos Blanco y Alfonso Álvarez Miranda apostaban a fondo por el desarrollo en España de un amplio programa de centrales nucleares. Con ellas se abarataría, inmediatamente de su puesta en marcha, el coste de la energía eléctrica.
De ahí que sorprenda que se solicite ese abaratamiento por un socialista importante, y se haga de modo simultáneo a algo que el mundo sindical próximo al socialismo en principio rechaza: rebaja de salarios y mayor flexibilización laboral. Si Tajani estaba enterado de todo eso, y es posible que sí, quedaría forzosamente bastante asombrado: un país que rechaza el modelo francés de energía nuclear barata, que acepta un castigo laboral por ello y que, también por ello, necesita enlazar con esa Europa de electricidad más barata...