Así se recoge en la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que Joaquín Yvancos, ex abogado de José María Ruiz Mateos, argumenta que el consejo de administracion ha cometido presuntamente otros delitos como abuso de información privilegiada en el mercado de valores, teniendo en cuenta que hubo firmas que se desprendieron de acciones antes del preconcurso.
En concreto, consideran que los administradores han vulnerado presuntamente varios artículos del Código Penal, entre ellos el 282, penado con hasta cuatro años por falsear la información económica-financiera "con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio".
"En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses", señala la demanda.
Los afectados también extienden la demanda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que no desarrolló "una actividad diligente, una vigilancia concienzuda y con la determinanción precisa y no pudo percibir con prontitud la verdadera situación de la compañía".
Por ello, consideran que el organismo supervisor ha reaccionado "tarde, de manera lenta y poco atinada", al tiempo que ha permitido a los inversores destinar "importantes cantidades" a la compra de acciones de la sociedad un día antes de la suspensión de la cotización.
Asimismo, la querella se ha interpuesto contra la firma BDO, auditora de Pescanova durante once años, al estimar que su conducta ha sido "inadmisible y no justificable".
En concreto, Yvancos representa a un grupo de accionistas minoritarios, con una media de entre 20.000 y 30.000 euros en acciones de Pescanova, aunque el afectado con mayor importe invertido, un camionero de Cuenca, supera los 400.000 euros.
La AEMEC también contra Pescanova
Por su parte, el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, a petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), ha creado un grupo de trabajo para estudiar las medidas legales a emprender con el fin de defender los intereses de los accionistas minoritarios de Pescanova, según han informado a Europa Press en fuentes de dicha asociación.
Este equipo de trabajo está compuesto, entre otros abogados del bufete, por varios Catedráticos de Derecho Mercantil y encabezado por Juan Ortiz-Úrculo, director del departamento de Penal Económico de Cremades & Calvo-Sotelo y ex fiscal general del Estado.
Dicha asociación mantendrá en los próximos días diversas reuniones con accionistas minoritarios para tratar de coordinar la acción conjunta que resulte más eficaz a la hora de defender sus intereses.