Más allá de las extendidas falacias en torno a los desahucios hipotecarios, uno de los aspectos más graves y desconocidos sobre este tema es el impacto económico y financiero que conllevaría la paralización indiscriminada de los desalojos y, sobre todo, la aprobación de la dación en pago retroactiva, tal y como reclama la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la mayoría de la oposición política.
Y es que, la aplicación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la PAH perjudicaría a la inmensa mayoría de españoles, según la auditora Oliver Wyman, y tendría efectos desastrosos, según la Fundación de Estudios Financieros.
Ahora, un nuevo estudio, elaborado en este caso por Analistas Financieros Internacionales (Afi), vuelve a advertir de las negativas consecuencias que tendría para el conjunto del sistema financiero español la polémica dación en pago con carácter universal y retroactivo. En concreto, el informe estima que cerca de medio millón de hogares serían susceptibles de poder acogerse a esta medida porque su hipoteca supera el valor actual de la vivienda.
No en vano, cabe recordar que durante la burbuja inmobiliaria era muy habitual que las entidades financieras concedieran un préstamo por un importe superior al 80% del valor de tasación del inmueble. Sin embargo, el precio de la vivienda ha bajado una media del 30% desde que estalló la crisis, con lo que muchas familias cuentan hoy en día con una deuda superior al valor de su piso, de modo que tendrían fuertes incentivos para saldar su deuda entregando las llaves del piso al banco.
La tasa de morosidad hipotecaria cerró 2012 en el 3,8%, lo que equivale a unos 23.000 millones de euros de hipotecas en situación de impago. El estudio detalla que si el 50% de los potenciales beneficiarios de la dación en pago dejasen de pagar sus cuotas, la morosidad hipotecaria se dispararía hasta el 8%, mientras que si dicho porcentaje se elevase al 75% la tasa de mora rondaría el 13%. Así pues, el volumen de hipotecas dudosas oscilaría entre 48.000 y 79.000 millones de euros, provocando a bancos y cajas un agujero extra de hasta 56.000 millones de euros.
La dación en pago retroactiva incrementaría la tasa de morosidad y, por tanto, el volumen de viviendas adjudicadas entre las entidades financieras, al tiempo que impactaría de forma directa en los resultados de bancos y cajas en forma de pérdidas tras provisionar dichos activos. Por ello, Afi concluye que, en tal caso, "podría ser necesario incluso un nuevo proceso de recapitalización bancaria". Dicho de otro modo, otra inyección masiva de dinero público para salvar a las entidades en problemas.
Además, en la medida en que aumentaría el riesgo de crédito de los préstamos hipotecarios, "no sería descabellado pensar que las condiciones financieras aplicables a los nuevos créditos concedidos se tensionasen una vez más, lo que dificultaría el acceso al crédito y, por ende, la compra de vivienda". Al tratarse de un activo con mayor riesgo, las entidades restringirían la concesión de hipotecas, elevarían los tipos de interés y exigirían una mayor entrada para la compra del piso.
En esencia, el informe alerta de que la aprobación de la ILP podría afectar "seriamente la confianza del sistema bancario español, máxime cuando más de la mitad del crédito hipotecario está titulizado y distribuido por un amplio abanico de países".
Moratoria de los desahucios
Por otro lado, también estima que la moratoria de dos años en los desahucios que aprobó el Gobierno el pasado mes de noviembre beneficiará a cerca de 160.000 hogares (0,9% del total), ya que cumplen todos los requisitos exigidos: nivel de ingresos, que hayan sufrido en los últimos cuatro años una alteración significativa de sus circunstancias económicas, que la cuota hipotecaria suponga más del 50% de sus ingresos y que se trate de un crédito que afecte a la única vivienda en propiedad.
Así, partiendo de que en los próximos meses incurriese adicionalmente en impago la mitad de este colectivo, la tasa de morosidad hipotecaria se incrementaría en 0,65 puntos porcentuales. Mientras, si el 75% de este colectivo impagase, entonces la morosidad hipotecaria podría incrementarse en casi un punto. En todo caso, su impacto no sería sustancial sobre el conjunto del sistema financiero español.