El Gobierno conservador portugués revisa a contrarreloj qué gastos reducir para ahorrar 1.300 millones de euros en su presupuesto ante la próxima reunión del Ecofin y una visita extraordinaria de la troika que evaluará el rescate luso.
El veto del Tribunal Constitucional a varias medidas de austeridad ha sembrado de dudas la ampliación de los plazos de devolución de los fondos del rescate, de 78.000 millones de euros, que deciden los ministros europeos de Economía y Finanzas (Ecofin) el próximo viernes y sábado en Dublín y que Lisboa daba por hecha.
Además, los técnicos de la troika, compuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión y el Banco Central Europeo, que concedieron y vigilan el programa de ayuda, harán una evaluación extraordinaria del cumplimiento de sus compromisos en las próximas semanas, según fuentes oficiales. De ella depende que el país reciba un tramo de la ayuda internacional, 2.000 millones de euros, que de momento está bloqueado.
El Gobierno portugués ya anunció que cubrirá con recortes en sanidad, educación, seguridad social y empresas públicas los 1.300 millones que le costarán las pagas de funcionarios y pensionistas y los subsidios de desempleo y enfermedad cuya recorte fue declarado inconstitucional por el máximo tribunal luso.
Pero tiene pocos días para hacer una lista que resulte convincente ante los socios y organismos europeos, cuya reacción al dictamen del Constitucional luso ha sido peor que la mostrada en los mercados financieros.
Anunciada por la noche el viernes, la sentencia tuvo una mínima repercusión el lunes en los intereses de la deuda lusa pese a la tormenta política que vivió Portugal el fin de semana. Sin embargo las declaraciones de autoridades y portavoces europeos no dejaron de recordar al país rescatado, con toda claridad, que del cumplimiento de sus compromisos depende tanto la mejora de los vencimientos del préstamo como la entrega de sus próximos tramos.
El inmediato anuncio del primer ministro Pedro Passos Coelho de que hará más recortes para compensar el veto judicial sin mencionar la posibilidad de pedir algo de clemencia a sus acreedores, no pareció suficiente para la UE. En cambio, el que sacara a relucir por primera vez la posibilidad de un "segundo rescate", aunque para asegurar que hará lo posible por evitarlo- impresionó poco a los mercados, en otras ocasiones muy asustadizos ante las noticias de Portugal.
En el plano nacional la decisión del primer ministro Pedro Passos Coelho de aplicar más recortes sociales y responsabilizar al Constitucional de los riesgos financieros que amenazan al país le mantiene en la diana de la oposición y los sindicatos.
La mayor central del país, la Confederación General de Trabajadores de Portugal (CGTP, comunista) exhortó a los portugueses, por primera vez en las siete visitas que ha hecho la troika, a salir a las calles cuando lleguen sus técnicos para mostrar el descontento de la población.
Antonio José Seguro, secretario general del Partido Socialista (PS) el principal de la oposición, hizo una declaración al país, tan solemne como la de Passos Coelho el domingo, para presentar una lista de medidas con las que sacar al país de la crisis.
Además, volvió a pedir la renegociación del rescate y reprochó al Gobierno que "intente engañar" a los portugueses culpando al Constitucional de sus errores e insista en pedir más sacrificios en vez de pedir mejores condiciones financieras a la UE.