Es una de las informaciones destacadas este lunes en la portada de Expansión. Dice el económico de Unidad Editorial que "el Supremo libra al accionista del doble pago por dividendos en Patrimonio". Aclara que "el Supremo exime a los accionistas de tributar dos veces en el Impuesto de Patrimonio por los dividendos que generen sus acciones, como ocurre ahora por la interpretación que Hacienda hace de la Ley".
Todo ha surgido porque "el Supremo ha dado la razón a una accionista a la que libró de pagar 500.000 euros del millón que le exige el Fisco por unas ganancias de 20 millones. La sentencia insta al Gobierno a cambiar el sistema de cálculo".
Así, Expansión dedica su principal editorial a este asunto. Lo titula: "varapalo judicial al impuesto de patrimonio" y dice que "la decisión del TS ataca directamente la razón de ser de este gravamen" y concluye que "el Gobierno debe apostar por otras vías más efectivas para sostener la recaudación tributaria en tiempos de crisis como el actual".
En este periódico también encontramos que "Sareb ganará 2.000 millones con ventas a fondos foráneos" porque "se desprenderá de créditos ligados al sector promotor que interesan a los fondos buitre". Por otro lado, "Coelho hará más recortes en sanidad y educación para evitar otro rescate".
En el Economista también comentan lo sucedido en Portugal y destacan que "recortará más en educación y sanidad para eludir subir impuesto" y "trata de evitar otro rescate y dice que cumplirá con la UE".
Pero lo más destacado en este periódico es que "el coste de los rescates europeos supera a lo recibido por la banca". Según explica este diario, "la aportación de España a Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre sobrepasa los 42.000 millones. Sin contar la aportación al FMI ni el coste de buscar la financiación en el mercado. Ya supera los 41.000 millones recibidos para sanear la banca".
En Cinco Días leemos que habrá 560.000 prejubilados más. Cuenta el económico de Prisa que "el 40% de las bajas" en las empresas desde 2008 "se produjo antes de los 65 años". Esto supone una factura anual para el Estado equivalente "al 10% del gasto en pensiones". Así las cosas, "el Gobierno quiere que las empresas asuman el coste de estos trabajadores".