A finales de 2012, el Gobierno anunció una enmienda a la Ley de Medidas Tributarias para crear un nuevo procedimiento de regularización en el catastro. La medida consiste en una especie de amnistía catastral que pretende aflorar los inmuebles rústicos y urbanos que no están en el registro y, por tanto, no están siendo objeto de gravamen.
Este procedimiento le costará 60 euros a cada inmueble como tasa de regularización, que desaparecerá al finalizar el proceso, y excluye la aplicación de multas para todos aquellos propietarios que no tengan actualizados sus datos en el Catrastro.
El objetivo es que estos inmuebles pasen a tributar como les corresponde y que las administraciones competentes "puedan liquidar las cuotas correspondientes a los ejercicios tributarios no prescritos". El Catastro irá decidiendo dónde y cuándo se revisan los datos inmobiliarios para que el proceso esté completado antes de que acabe 2016.
Así, la administración podrá aumentar sus ingresos por el IBI, IRPF y el resto de impuestos que no recaudaba hasta ahora por estas viviendas. Y es que, con el nuevo Catastrazo van a ser muchos los inmuebles fantasma que van a dejar de serlo. Un informe del Defensor del Pueblo, al que tenido acceso el diario Expansión, asegura que el Ejecutivo aflorará un millón de inmuebles opacos gracias a esta medida.
El texto informa de que en el año 2010 había 726.156 inmuebles cuyos propietarios estaban siendo investigados, pero faltaban datos de 16 provincias, por lo que estima que el número de inmuebles opacos superará el millón de propiedades. Además, a este número se deben sumar los inmuebles donde se han realizado mejoras, ampliaciones o rehabilitaciones que nunca han sido declaradas.