Como es bien sabido, las comunidades autónomas han de limitar en 2013 su exceso de gasto al 0,7% del PIB, en función del plan de reducción del déficit público comprometido por España ante las autoridades europeas. Esto obligará a los gobiernos regionales a realizar mayores ajustes que en 2012 cuando, en conjunto, los gobiernos regionales no fueron capaces de limitar su desfase presupuestario al 1,5% comprometido, situándose finalmente en un 1,73% al cierre del ejercicio anterior. Ahora bien, no todas las autonomías incumplieron sus obligaciones de reducción del gasto público. Algunas como Madrid, Extremadura o Galicia permanecieron holgadamente por debajo del límite establecido, mientras que otras como Valencia, Cataluña o Andalucía se situaron sobradamente por encima del tope autorizado. En total hubo seis gobiernos regionales incapaces de controlar sus dispendios en los términos previstos, por once que sí llevaron a cabo las medidas de ajuste necesarias para hacer honor a su compromiso.
Precisamente porque la mayoría de los ejecutivos autonómicos cumplieron con su obligación, plasmándola fehacientemente en la liquidación presupuestaria del ejercicio pasado, resulta asombroso que el Ministro de Hacienda especule a estas alturas con la posibilidad de suavizar las exigencias a los gobiernos regionales infractores. La peculiar tesis de Montoro, que hoy tiene previsto plantear a los representantes autonómicos en el Consejo de Política y Financiera, es que hay que rebajar las exigencias a las comunidades autónomas más incumplidoras a ver si así consiguen alcanzar algún modesto objetivo al término de 2013. Es decir, como los políticos de seis autonomías son incapaces de acabar con los derroches que descuadran sus finanzas por encima de los límites autorizados, en lugar de obligarlos a ejercer su responsabilidad en igualdad de condiciones con el resto de comunidades, se les premia rebajando las exigencias de control de déficit para que puedan seguir con sus dispendios.
Como es natural, los responsables de las autonomías que han actuado con lealtad al gobierno y los ciudadanos no están dispuestos a que se les castigue en beneficio de las comunidades incumplidoras. Precisamente por eso exigen que el objetivo del 0,7% de déficit sea de general aplicación, tal y como figura en el plan aprobado en su día y establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Cataluña y Andalucía, como era de esperar, han protestado airadamente por el hecho de que el Gobierno pretenda tratar a esas regiones igual que a las demás. Sus ejecutivos autonómicos, campeones del derroche impenitente y la corrupción estructural, no pueden manejar a su conveniencia las directrices financieras del Estado eludiendo la disciplina presupuestaria que se exige al resto de autonomías. Muy al contrario, ambos ejecutivos han de ser sancionados junto con al resto de gobiernos incumplidores en los términos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque de lo contrario se estará incentivando la irresponsabilidad a costa del sufrido bolsillo del ciudadano.
La ley, el sentido común y el interés de los contribuyentes están de parte de las comunidades cumplidoras, pero enfrente están los gobiernos regionales de Cataluña y Andalucía y, ahora también, el ministro Cristobal Montoro, un político capaz de sostener en público que el sistema autonómico es perfectamente sostenible, cuando lo cierto es que no nos ha llevado ya a la quiebra soberana únicamente por las tremendas subidas de impuestos que el mismo personaje nos viene recetando a todos los españoles con sañuda insistencia. A tenor de cómo se ha venido comportando el Gobierno de Rajoy con la casta autonómica y los sufridos ciudadanos, no es difícil suponer quiénes van a salir peor parados en esta nueva batalla.