El presidente del Gobierno admitió "algunos problemas de procedimiento" en la ley de desahucios tras el rapapolvo de la Justicia europea. En todo caso, afirmó, los servicios jurídicos del Estado ya están estudiando las posibles soluciones. "Lo intentaremos solucionar", dijo. Esto es, el Ejecutivo ya trabaja en "adecuar" la norma a lo que "allí se nos pide", según sus propias palabras.
El toque de atención de la UE sorprendía a Mariano Rajoy precisamente aterrizando en Bruselas, donde participa en un Consejo Europeo de "tránsito" centrado en ir avanzando en el calendario de integración fiscal y bancaria. "No quiero hablar de las cosas sin conocimiento, no las tengo ahora", llegó a afirmar. En todo caso, "lógicamente cumpliremos lo que dicen las sentencias", remató en consonancia con los mensajes enviados por el Gobierno desde Madrid.
En el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, garantizó la modifcación de la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras la citada sentencia. "Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", afirmó, no sin prometer un análisis "en profundidad".
Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió este jueves a la espera de conocer la sentencia de este tribunal. Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea, informa EFE.
En este sentido, Ruiz-Gallardón señaló que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo". No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.
Según el Tribunal de Justicia de la UE, "la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión". La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.