El titular del juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria ante la Justicia europea, afirmó ayer que la normativa vigente es inconstitucional y si no se ha declarado así es porque data de 1946, tres décadas antes de que se aprobase la Constitución de 1978, y opina que en este momento se dan las circunstancias para poder abordar un cambio "no traumático" de la normativa.
Durante su intervención en la jornada Procedimiento hipotecario: cambios necesarios que el PSOE ha celebrado en el Congreso, Fernández Seijo afirmó que "la crisis económica tiene su imagen en la camiseta de los afectados por las hipotecas", que se han convertido en el "icono de la crisis". Por eso, instó al Gobierno a aprovechar la ocasión de solucionar el problema de los desahucios, ya que lograrlo equivaldría a "dar al primer interruptor que permitiría pensar que España tiene capacidad para salir de la crisis".
"Por tanto, nos debemos plantear que hay que solucionar este problema fundamental para poder cambiar el signo de la crisis", añadía, que fue quien elevó al Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) una cuestión sobre la normativa hipotecaria española que recibirá una respuesta en forma de sentencia judicial este mismo jueves.
El problema seguirá existiendo
A este respecto, aseguró que lo importante no es ese fallo, porque si es favorable a su punto de vista crítico permitirá "poner en marcha mecanismos par que el problema se solucione un poquito más rápido" pero si no es así "el problema seguirá existiendo y habrá que buscarle una solución" igualmente.
De hecho, recordó que a quienes, como él, llevan más de cinco años debatiendo sobre la necesidad de reformar en profundidad la normativa porque es "desequilibrada, abusiva y no tutelar correctamente los derechos sociales" se les consideraba unos "frikis" pero ahora este tema está "en todas las agendas", lo que ya supone un avance.
"La cuestión es que los partidos sean conscientes de que se dan las circunstancias políticas, sociales, económicas y éticas para poder realizar un cambio de modelo no traumático que solucione las perspectivas económicas y sociales a cientos de familias. Si no hay una solución legislativa a corto plazo, el número de afectados se incrementará, pero tarde o temprano el problema se tiene que solucionar. Es una cuestión de paciencia", añadió.