Es cierto que, por culpa del excesivo gasto público, ni la brutal subida de impuestos, ni las numerosas renegociaciones con la UE en torno al tope máximo del déficit público para 2012 –que lo han elevado desde el 4,4% al que se comprometió inicialmente Rajoy hasta el 6,5%– ni el visto bueno de Bruselas a que las ayudas a la banca no computen como desequilibrio presupuestario en el pasado ejercicio fiscal han evitado que el Reino de España se haya endeudado en 2012 más de lo que lo había hecho en ningún otro año anterior y que la prima de riesgo de la deuda soberana siga por las nubes. Ni siquiera han impedido que las autonomías y el conjunto de las administraciones del Estado sobrepasaran los topes máximos de déficit (del 1,5 y del 6,5%, respectivamente) autorizados finalmente por Bruselas.
Con todo, gracias a estos maquillajes y triquiñuelas, el Gobierno podría calificar de "moderado" o de "mucho menos acusado de lo previsto" el innegable incumplimiento de las autonomías y del conjunto del Estado, cuyos déficits el propio Montoro cifra en el 1,7 y el 6,7%, respectivamente, incumplimiento que ha llevado a Bruselas a reclamar más esfuerzos en la reducción del desequilibrio presupuestario.
Sin embargo, lo que ha hecho este miércoles el ministro de Hacienda en una entrevista en Los desayunos de TVE es, simplemente, negar la mayor. Más que atenuar el fracaso, Montoro lo ha considerado un "éxito", por lo que las preguntas de los periodistas sobre qué va a hacer con las autonomías incumplidoras ha quedado sin respuesta.
Si esta radical negación de la realidad nos ha recordado a los tiempos de Zapatero, las veladas amenazas contra los "creadores de opinión" que, según el ministro, incumplen sus obligaciones con Hacienda son más propias de gobernantes bananeros, tipo Hugo Chávez. No es la primera vez que Montoro lanza este bochornoso aviso a navegantes. Naturalmente, podremos estar de acuerdo con él en la contradicción en la que pueden incurrir aquellos que "están todo el día sentando cátedra sobre la justicia social y luego no pagan", pero lo que no se puede es tirar la piedra y esconder la mano, ni utilizar datos confidenciales para amenazar veladamente a "creadores de opinión" cuya consideración de lo que es la justicia social no coincide con la que tiene el ministro.
Si hay ciudadanos que no cumplen con Hacienda, que la Agencia Tributaria se dirija legalmente contra ellos. Si Montoro cree que no hay impedimento legal para hacer pública una lista de defraudadores, que la haga pública de una vez, pero que no juegue con la legalidad vigente diciendo que él no da nombres mientras se jacta de ser lo suficientemente "concreto" como para que muchos supuestos defraudadores sean puestos en la picota "al día siguiente" de hacer él sus declaraciones.
La privacidad o publicidad de la situación fiscal de los españoles no puede depender de que haya coherencia o contradicción entre lo que predican y lo que hacen, y encima con un ministro haciendo el papelón del justiciero. Montoro no puede darse a la amenaza ni al fomento del rumoreo insidioso. Eso es propio de tiranos tercermundistas. Sus declaraciones podrán servir como cortina de humo que oculte un sobredimensionado y despilfarrador sector público pero, desde luego, no representan un reforzamiento de la seguridad jurídica ni refuerzan la confianza en nuestro país.