El estudio internacional, presentado por el profesor del IESE Pablo Fernández en un acto de la London School of Economics (LSE) en Londres, concluye que el valor de las acciones de YPF confiscadas a Repsol es de 51,2 dólares. El 70% de los resultados contempla dos cifras, 47,3 dólares o 56,7 dólares.
De la red internacional de expertos participantes en la evaluación, los 32 procedentes de Argentina han ofrecido cifras medias de 50,2 dólares por acción, casi el mismo importe que los 50,8 dólares de los consultados en España. Los suizos consultados, con 58,3 dólares por acción, aportan la cifra más alta.
El anuncio de la expropiación de YPF en abril del año pasado provocó una caída del precio de las acciones de la compañía del 29%. Antes de la intervención del Gobierno argentino, los títulos recibían una valoración de entre 50 y 55 dólares por parte de bancos internacionales como Deutsche Bank, Santander o Morgan Stanley.
Esta horquilla concedía a Repsol, sin prima de control, un valor para su participación del 57,4% en YPF de entre 11.300 y 12.400 millones de dólares. A la vista de la devaluación de todo el paquete accionarial, incluido el 6% no expropiado, una justa valoración debería incluir tanto el valor del 57,4% como una prima de control del 20%, indican algunos consultados.
Esta prima de control podría elevar el valor de la participación total de Repsol en YPF a entre 13.600 y 14.900 millones de dólares en caso de que el Estado argentino hubiese cumplido con los estatutos de la empresa y lanzado una oferta formal de compra.
Además, la evaluación no tiene en cuenta el lucro cesante de Repsol, especialmente elevado a la vista del potencial del yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, lo cual, según indican algunos expertos, podría implicar un valor adicional del 30% para las acciones.
Acuerdo amistoso
Durante el acto de la LSE, el vicesecretario general de Repsol, Miguel Klingenberg, indicó que el principal objetivo de la compañía sigue siendo alcanzar un acuerdo amistoso con las autoridades argentinas, sin renunciar en paralelo a ninguna de las acciones legales a su alcance, incluido el arbitraje internacional.
Dentro de los frentes legales, se denunciará en los tribunales argentinos la inconstitucionalidad de la expropiación de YPF, mientras que en Estados Unidos y en España se tomarán medidas para evitar que terceras partes puedan aprovecharse de la confiscación.
El arbitraje internacional se centrará en exigir la restitución de los bienes expropiados o una compensación justa tanto por su valor como por los daños ocasionados.