Los ministros de Empleo de los Veintisiete han alcanzado este jueves un "acuerdo político" por el que se comprometen a garantizar a los jóvenes menores de 25 años que dejen el sistema educativo o estén en paro una oferta de trabajo, formación adicional o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses.
La ministra irlandesa, Joan Burton, ha constatado el "acuerdo político" sobre esta denominada 'garantía juvenil' pese a las dudas expresadas por algunas delegaciones, como Reino Unido o República Checa, que reclamaban más flexibilidad en los plazos para ser "realistas".
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha pedido a los Estados miembros "que traduzcan este acuerdo en medidas concretas lo más rápidamente posible". "Demasiados jóvenes europeos se preguntan si encontraran trabajo alguna vez o tendrán la misma calidad de vida que sus padres. Necesitan que les demos respuestas", ha dicho.
La garantía, que debe estar en marcha como muy tarde en 2014, tendrá financiación de la UE principalmente con los 6.000 millones -de los cuales sólo 3.000 millones son dinero nuevo- del nuevo fondo contra el paro juvenil aprobado por los líderes europeos el pasado 8 de febrero. Los Estados miembros también podrán utilizar su asignación del fondo social europeo.
No obstante, el comisario de Empleo, László Andor, ha pedido a los Gobiernos que los nuevos fondos se sumen, y no sustituyan, a los recursos financieros que los Estados miembros tenían previsto invertir contra el paro juvenil.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado durante el debate público que el Gobierno destinará los 918 millones que le corresponden del fondo europeo contra el paro juvenil para financiar parte de su Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, mediante la que se aplicará la 'garantía juvenil' en España. España, precisamente, tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de la UE, el 55,6%.
"Debemos actuar de forma decidida y con celeridad para que no perdamos a esa generación de jóvenes para el empleo y también para la participación social", ha dicho Báñez. Y ha defendido que la puesta en marcha de esta 'garantía' se haga "respetando también los procesos de consolidación fiscal tan importantes que algunos países estamos llevando adelante".
La 'garantía juvenil' no tiene valor vinculante sino que es sólo una recomendación. No obstante, el Ejecutivo comunitario podría exigir estas medidas a los Estados miembros con más paro, como España, en el marco de sus directrices sobre política económica, según fuentes diplomáticas. El sistema de 'garantía juvenil' ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, y la Comisión lo considera un éxito.
Bruselas propone a los Gobiernos que seis directrices: establecer acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados, agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención temprana para reducir la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.
Alrededor de 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en el paro en toda la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste económico de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral asciende a 150.000 millones al año, o el 1,2% del PIB comunitario, según Bruselas. En España, el coste se sitúa en 15.700 millones, el 1,47% del PIB.