El Gobierno ha aprobado este viernes un Real Decreto-ley, con más de medio centenar de medidas, que en su mayoría se centran en fomentar la contratación de jóvenes y el emprendimiento a través de una serie de incentivos, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Entre las iniciativas aprobadas, algunas de ellas anunciadas ya por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra la creación del llamado contrato generaciones, por el que los jóvenes que contraten a parados de larga duración mayores de 45 años disfrutarán de una reducción del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante el primer año.
Asimismo, y tal como anunció Rajoy en el Debate sobre el estado de la Nación, habrá bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que den trabajo a menores de 30 años, sin experiencia laboral, bajo la fórmula del contrato a tiempo parcial con vinculación a la formación mientras la tasa de paro supere al 15%. La reducción de cuotas será del 75% para las empresas de más de 250 trabajadores y del 100% para el resto.
Emprendimiento y empleo joven
Los nuevos autónomos menores de 30 años que inicien una actividad por cuenta propia tendrán una tarifa plana en la cotización a la Seguridad Social durante los primeros seis meses de 50 euros. Además, podrán compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia durante un máximo de nueve meses.
La norma también abre la posibilidad a que los parados menores de 30 años puedan cobrar de una vez toda su prestación para realizar una aportación al capital social de una sociedad mercantil, siempre y cuando se establezca una vinculación profesional o laboral de carácter indefinido.
La vicepresidenta ha afirmado que "es clave mejorar en España la intermediación laboral" para que ninguna vacante quede sin ocupar y las ofertas de empleo lleguen a los demandantes. Para ello se impulsará un Portal Único de Empleo que facilite la búsqueda de trabajo.
El Real Decreto-ley contempla también estímulos a la contratación juvenil hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%. Entre ellos destaca la reducción de la cuota empresarial a la Seguridad Social en un 75% para las empresas de más de 250 trabajadores y del 100% para el resto.
Apoyos fiscales los emprendedores
El Real Decreto-ley incluye incentivos fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para apoyar los proyectos emprendedores. Se reduce el impuesto de sociedades a las de nueva creación y a los nuevos autónomos durante los dos primeros ejercicios de actividad, según ha detallado la vicepresidenta.
Además, se establecen incentivos fiscales para que los desempleados que decidan establecerse como autónomos puedan beneficiarse de la exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo cuando el abono de la prestación sea en forma de pago único (hasta ahora están exentos sólo hasta 15.500 euros).
Ayuda a la financiación empresarial
Junto a estas iniciativas, hay otra serie de medidas para movilizar un total de 45.000 millones de euros para financiación empresarial, que no se incluyen en el decreto-ley aprobado hoy porque no necesitan una normativa de rango legal. En concreto, la vicepresidenta explicó que se movilizarán 10.000 millones de euros al plan de financiación para pymes a través de la negociación con las entidades financieras, especialmente las que han recibido ayudas del Frob, así como las líneas ICO-mediación por otros 22.000 millones que ya ha aprobado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Mediante la negociación con fondos de capital riesgo y de inversión, el Gobierno pretende movilizar otros 2.000 millones de euros, así como a través de la nueva línea ICO de pagarés de empresas por otros 3.000 millones, que están pendientes de aprobación por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Morosidad
Con el fin de luchar contra la morosidad, el Ejecutivo ha anunciado la ampliación del pago a proveedores por 2.600 millones de euros también se incluye en el decreto-ley aprobado este viernes para que los ayuntamientos puedan pagar facturas anteriores al 1 de enero de 2012. Como novedad del nuevo plan, se podrán adherir País Vasco y Navarra y las mancomunidades de municipios.
Además, se establece un plazo de 30 días para todas las operaciones comerciales privadas, ampliables como máximo a 60. Se establece una mayor penalización de la mora.