El impacto sobre las cuentas de Iberdrola relacionado con las medidas acerca del sector eléctrico adoptadas desde 2012 por el actual Gobierno asciende a 1.034 millones de euros y provoca que la compañía haya decidido recortar un 50% sus inversiones en el país, indicó el consejero director general de la compañía, José Luis San Pedro, en una conferencia con analistas.
Este impacto, que podría reducirse en la medida en que tecnologías como el carbón o el gas trasladen los nuevos impuestos al mercado, también ha originado una "importante reducción de costes", que ha incluido la salida de 400 empleados en España y reducción de servicios externos. El recorte a la distribución de marzo de 2012 tuvo un efecto negativo de 234 millones para las cuentas de Iberdrola, frente a 689 millones para el sector, mientras que los nuevos impuestos afectaron en 690 millones a la compañía, frente a 3.630 millones al sector. Las dos últimas medidas adoptadas, que consisten en la no revisión de retribuciones conforme a IPC y en la eliminación de remuneración de prima más mercado para las renovables, tienen un efecto de 110 millones para la eléctrica, frente a 670 millones para el sector.
En todo caso, San Pedro consideró que estas últimas medidas tienen "un cierto carácter lógico" y, en el caso de la fijación de un modelo de tarifas para las renovables, sin la opción de jugar con los precios del mercado, abrirán la puerta a una rentabilidad homogénea entre las diferentes actividades reguladas. "El cálculo de la remuneración pertenecerá a partir de ahora al regulador, que es la CNE e Industria. Con esto, la esperanza es que todas las tecnologías se traten en el futuro de una forma parecida", frente al escenario actual, en el que "una actividad regulada se remunera con un TIR del 6% y otra del 12%", afirmó.
En cuanto al coste de 690 millones para Iberdrola relacionado con los nuevos impuestos, indicó que las tecnologías marginales del carbón y el gas, que son las que marcan el precio del mercado durante muchas horas, sufren encarecimientos de 10 euros por megavatio hora (MWh) y 7 euros por MWh, respectivamente, de modo que "una parte importante" de esta carga "será trasladada al consumidor", afirmó.
San Pedro también se pronunció acerca de la moratoria a las renovables en 2012, a la que calificó de "razonable", pero "insuficiente", ya que "se debería haber incluido también a todas las instalaciones ya registradas cuya inversión no había comenzado", lo que habría evitado la puesta en marcha de 1.500 MW durante el año.
Déficit tarifario
El directivo consideró además que la última propuesta de Industria sobre tarifas, que será publicada previsiblemente mañana, "va en la línea correcta" y ofrece un "objetivo realista" de alcanzar un déficit de tarifa cero en 2013. "Es razonable pensar que estas medidas acabarán definitivamente con el déficit de tarifa" este año, aseveró.
El déficit de tarifa de 3.600 millones en 2012 se produjo en buena parte por la no asunción por parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del coste de la actividad extrapeninsular, señaló San Pedro, quien se mostró confiado en que esta circunstancia no se produzca en 2013 y en que las cuentas públicas asuman esta carga de 1.755 millones.
Este exceso de déficit en 2012 habría provocado un "incremento automático de tarifas" y una "incertidumbre regulatoria muy importante", por lo que el Gobierno ha preferido no subir el recibo de luz y declarar este importe como "titulizable", de modo que las eléctricas lo podrán ceder este año al fondo de la deuda eléctrica, el FADE, para su colocación en los mercados o entre inversores.
El crédito público contabiliza como déficit
Para alcanzar déficit cero en 2013, el Gobierno confía en que los PGE asuman los 1.755 millones de costes extrapeninsulares y en un préstamo de Hacienda de 2.200 millones. Este préstamo, dijo San Pedro, es "lo más sorprendente" y se irá reclamando "a medida que las liquidaciones arrojen resultados negativos". El directivo dijo que estos 2.200 millones "sustituirán la financiación que hasta ahora hacemos las empresas" y además "está considerado déficit público y deuda pública".
San Pedro también aludió a tres incertidumbres para la tarifa en 2013. La primera es que la demanda sea aun mayor, lo que puede suponer una merma de ingresos de hasta 140 millones, y la segunda es que los costes extrapeninsulares no vayan a los PGE. "Existe una probabilidad razonable" de que las cuentas públicas asuman este importe.
Por último, aludió a una tercera incertidumbre, pero en este caso positiva, que consiste en que los nuevos impuestos eléctricos podrían recaudar 3.600 millones de euros, esto es, casi 700 millones más de los 2.921 millones previstos.