Las Comunidades Autónomas reclaman su parte del pastel. Al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no le ha importado que tanto él como su propio partido se hayan declarado abiertamente contrarios a la amnistía fiscal de Montoro para reclamarle el 50% del dinero que ha aflorado. Hay que recordar que el PSOE ha recurrido la amnistía ante el Tribunal Constitucional y ante la Audiencia Nacional.
Para la consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta, Susana Díaz, la amnistía fiscal "fue un craso error que volvió a situar al Gobierno al lado de la banca. El camino es la lucha contra el fraude y no ese tipo de amnistías que han fracasado y que además no eran justas", decía. Para no ser una medida "justa", llama la atención que Andalucía haya sido la primera CCAA en pedir lo que considera que le corresponde.
Así, Griñán anunció en diciembre que encargaría un informe jurídico para poder reclamar el 50% "que le corresponde por el tramo autonómico del IRPF" y que también le pediría al ejecutivo los datos sobre las personas que han regularizado su situación.
El caso de Cataluña no es tan contradictorio. El Gobierno de Mas dijo que la medida de Hacienda era "una medida comprensible dado lo excepcional del momento". Aunque su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, ponía a la amnistía como ejemplo de "mal funcionamiento", el portavoz de Grupo Catalán, Josep Sánchez Llibre, apelaba a "la solidaridad de Montoro con las CCAA" ante el "difícil momento" que atraviesa Cataluña.
Pero no sólo estas dos autonomías han solicitado "su parte" del dinero a Hacienda. Según informa el diario Expansión, la gran mayoría de las CCAA le están reclamando al Gobierno lo que creen que es suyo ante la negativa de Montoro.
Las autonomías lanzan sus propias amnistías
Como el Gobierno central no parece dispuesto a repartir la recaudación, ya hay dos autonomías que se han acogido a la legislación vigente y han lanzado sus particulares amnistías: Navarra y Castilla y León.
Navarra ha establecido que las declaraciones complementarias cuyo plazo hubiera finalizado antes del 1 de abril de 2012 tendrán una bonificación del 90% del recargo y de un 20% de los intereses de demora. Con la medida ha recaudado 27 millones de euros y ha aflorado 396. Por su parte, Castilla y León ha establecido una regularización del Impuesto de Sucesiones y donaciones para bienes en el extranjero en el incluía el dinero en metálico. Las arcas de la región han conseguido ingresar 33 millones con la norma.