Miguel Arias Cañete ha vivido este viernes su día de gloria. Tras muchas reuniones en las que el Consejo de Ministros se centraba en reformas de otros departamentos, el ministro de Agricultura ha presentado hoy las dos grandes "reformas estructurales" que tenía pendiente para esta legislatura: el Proyecto de Ley de Fomento de la Integración Cooperativa y el Proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria.
En realidad, las dos nuevas leyes ya se presentaron hace unos meses, cuando se aprobó el anteproyecto (hoy se aprobaba el proyecto) y aunque ha habido algunos cambios en el proceso de negociación, las líneas generales siguen siendo las mismas: habrá más intervencionismo en el sector comercial y se fomentará la aparición de cooperativas de mayor tamaño. Las organizaciones de agricultores y productores han apoyado en general el texto del Ministerio. Mientras, los súper y los distribuidores critican el proyecto por entender que aumenta la burocracia y encarecerá los productos para el consumidor.
Cadena alimentaria
El proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se basará en un modelo mixto de regulación (con sanciones) y autorregulación, y establecerá contratos por escrito en transacciones continuadas superiores a los 2.500 euros, salvo que se paguen al contado.
En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena alimentaria la novedad es la obligación de formalizarlos por escrito en determinadas casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio. Será obligatorio realizarlos por escrito para las transacciones comerciales, continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros, excepto cuando el pago se realice al contado, aunque las partes tendrán la obligación de identificarse como operadores y emitir factura. La norma también regulará las subastas electrónicas y obliga a los operadores a conservar los documentos durante dos años.
El Proyecto de Ley prohíbe, por un lado, las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo, y por otro, los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos y bajo condiciones restrictivas.
En cuanto a la información comercial sensible, no se podrá exigir a otro operador información sobre sus productos, más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial y sólo podrá destinarse a los fines para los que fue facilitada, respetándose la confidencialidad de la información.
La ley obliga a la distribución a gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, tanto las propias como las de fabricante, evitando prácticas contrarias a la libre competencia o que constituyan actos de competencia desleal. La norma prohíbe el aprovechamiento indebido por parte de un operador y en beneficio propio de la iniciativa empresarial ajena.
En esta línea, quedarán al margen de la ley las actuaciones que supongan una publicidad ilícita o desleal mediante la utilización, ya sea en los envases, en la presentación o en la publicidad del producto o servicio de elementos distintivos que provoquen riesgo de asociación o confusión con los de otro operador, marca o nombre comercial.
En el capítulo de la autorregulación se establece un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria. El Ministerio de Economía y Competitividad y las Comunidades Autónomas participarán, también, en el acuerdo con el fin de promover un código de aplicación uniforme en España, y se creará un Registro Estatal con quienes se adscriban a él.
Cooperativas
Por su parte, el Proyecto de Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas quiere fomentar la creación de entidades con "capacidad, dimensión y estructura empresarial que incrementen su eficiencia y rentabilidad", según ha detallado el Departamento en un comunicado. Pretende corregir, especialmente, los problemas del sector cooperativo, que se caracteriza por su "atomización". Hay cerca de 4.000 cooperativas en España -con más de 1.000.000 de socios, una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y dan empleo directo a 100.000 trabajadores-, pero hoy ninguna figura entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea (UE).
La cadena agroalimentaria española "presenta una asimetría que debe ser corregida mediante la puesta en marcha de políticas e instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora", ha añadido el Ministerio. El proyecto de ley quiere contribuir así a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en las entidades asociativas.
Entre los instrumentos que pretende crear el Gobierno con la nueva normativa destaca la figura de Entidad Asociativa Prioritaria, de ámbito supraautonómico y "con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades".
El Gobierno articulará, además, un Plan Estatal de Integración Cooperativa para coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las comunidades autónomas, en colaboración con el sector, "con el fin de aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta".
Se modificarán la Ley 27/1999 de Cooperativas y la Ley 20/1990, sobre régimen fiscal de las Cooperativas para facilitar el desarrollo del sector cooperativo en España, mediante la ampliación de "sus fines y actividades", lo que supone una revisión de su regulación básica, tanto de índole sustantivo como fiscal.
Según el ministro, con el actual proyecto de ley "se impulsa un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante" y se contribuirá a "la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural", ha añadido.