La representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, compareció ayer ante la comisión parlamentaria que está debatiendo la reforma de la Ley Hipotecaria, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo más grave de su intervención no fue el hecho de que insultara y tachara de "criminal" al miembro de la Asociación Española de Banca (AEB) Javier Rodríguez Pellitero –que también participó en la comisión–, ni la ristra de falacias y engaños que empleó como argumentos, sino, sobre todo, el abyecto y peligroso populismo que aventó, así como los terribles efectos que se derivarían en caso de que el Gobierno aprobase alguna de las medidas que propone su plataforma.
Toda su argumentación parte de un error de base, ya que los afectados por las hipotecas denuncian que han sido víctimas de una "estafa generalizada". Según Colau, hipotecarse no era una opción para los españoles, sino una especie de obligación, debido a una serie de "políticas públicas" como las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la "desregulación" del mercado de alquiler o los reiterados mensajes de las autoridades públicas acerca de que España no estaba viviendo una burbuja inmobiliaria. "Se jugó con una necesidad básica de la población", dijo; la gente "hizo, exactamente, lo que el Estado le recomendaba".
Para Colau, los españoles fueron forzados a hipotecarse, en una maniobra perpetrada en comandita por el Gobierno y la banca. Como si carecieran de voluntad o, lo que es peor, padecieran una severa tara que les incapacitara para tomar decisiones racionales.
Simplemente, es mentira. No todos los españoles compraron una casa durante la burbuja, ni mucho menos; y los que lo hicieron se vieron animados, básicamente, por dos factores: unos tipos de interés muy bajos (intervencionismo monetario) y una creciente revalorización de la vivienda, fruto de la expansión crediticia previa. De hecho, muchos de los que se hipotecaron lograron unos pingües beneficios gracias a la especulación inmobiliaria. Los que, por desgracia, se han quedado atrapados piden ahora socializar sus pérdidas entre todos los contribuyentes.
El segundo gran culpable para la PAH es, por supuesto, la banca, ya que prestó dinero de forma irresponsable a gente que luego no podría devolverlo. Presuponen estos indignados que los banqueros sabían de antemano que el colapso se iba a producir. Colau arguye además que la hipoteca no era un "contrato libre entre las partes", ya que las entidades redactaban el texto e incluían todo tipo de "cláusulas abusivas". Así pues, "o lo tomabas o lo dejabas", pero como la gente necesitaba una vivienda, "no tenía esa libre opción", enfatiza. "Son los bancos los que nos han hundido en la miseria".
En resumen, el hipotecado carece de toda responsabilidad. Me temo que el término demagogia se queda corto para describir semejante manera de argumentar.
Si el individuo carece de responsabilidad y ha sido engañado, e incluso sido víctima de una "estafa", todo vale con tal de revertir esta clamorosa injusticia, ¿verdad? De ahí, precisamente, que desde la PAH se abogue por la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización total de todos los desahucios y la creación de un gran parque público de viviendas en alquiler.
No importa que la morosidad hipotecaria, de apenas el 3%, no sea, hoy por hoy, un problema grave gracias, precisamente, a la vigente normativa, en funcionamiento desde hace décadas; o que los desahucios de primera vivienda no lleguen a 15.000 desde 2008; o que la dación en pago sea una excepción, y no la norma, en la mayoría de los países europeos, incluso en EEUU... Aún menos importa que las medidas de la PAH atenten de forma flagrante contra la imprescindible seguridad jurídica y el cumplimiento de contratos legales y legítimos; o que perjudiquen a la mayoría de los españoles; o que amenacen con derrumbar el mercado de cédulas hipotecarias, de cuya liquidez depende directamente la viabilidad de todo el sistema financiero español; o que se acabe empleando más dinero público para socializar las pérdidas de algunos; o que, en última instancia, este tipo de soluciones acabe impidiendo el acceso a la vivienda a millones de españoles. No, nada importa a Colau y sus acólitos, salvo quitarse sus deudas de encima.
Por desgracia, este tipo de populismo va calando, poco a poco, en la sociedad y en la clase política españolas. No en vano ha sido el PP el que ha abierto este peligroso melón, al permitir la moratoria de desahucios y al impulsar una especie de dación en pago tácita, cuyos efectos se dejarán notar tarde o temprano.
Si el populismo y la demagogia vencen, finalmente, en la guerra de las hipotecas, España habrá dado un paso más, y no pequeño, hacia la mediocridad y la miseria propias de países más atrasados.