La intensa destrucción de empleo que sufre España desde el estallido de la crisis, sumada a la depresión demográfica propia del país, han acelerado la insostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.
Según los últimos datos del Ministerio de Empleo, publicados el lunes, el número de ocupados descendió hasta rozar los 16,1 millones el pasado enero, su peor nivel desde diciembre de 2002. Desde finales de 2007, la crisis se ha llevado por delante algo más de 3,1 millones de empleos, con un desplome de la ocupación superior al 16%. Mientras, los afiliados en desempleo se han más que duplicado en el último lustro, desde los 1,36 millones hasta los 2,8 millones el pasado diciembre. Por el contrario, el volumen de pensionistas no ha dejado de crecer, al pasar de 7,6 millones en 2007 a casi 8,2 millones el pasado enero, lo que supone un aumento próximo al 8% durante este período.
De este modo, la ratio entre afiliados ocupados y pensionistas se ha reducido a apenas 1,96 (menos de dos trabajadores para sostener a un pensionista), el peor dato que registra la Seguridad Social desde diciembre de 1997 (1,93), y muy por debajo de la ratio de 2,53 alcanzada a cierre del ejercicio 2007.
Fuente: Fedea y Ministerio de Empleo
El sistema ya registró en 2011 su primer déficit (diferencia entre ingresos y gastos) desde finales de la década de los 90, equivalente al 0,24% del PIB, y todo apunta que en 2012 este desajuste se ha intensificado. Según avanzó el lunes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, el sistema registró un déficit del 0,5% del PIB (unos 5.800 millones) el pasado ejercicio que, sumado al desequilibrio del Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), podría alcanzar el 1% del PIB, algo más de 10.000 millones de euros.
Fuente: Fedea
Este desajuste entre ingresos y gastos ha obligado al Gobierno a hacer uso, por primera vez, de la denominada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social) para poder afrontar puntualmente el pago de las prestaciones en 2012, una práctica que, muy posiblemente, se extenderá este año.
Aunque el anterior Gobierno socialista reformó las pensiones en 2011, retrasando la edad de jubilación a los 67 años (de forma gradual hasta 2027) y ampliando el período de cálculo de las pensiones de 15 a los últimos 25 años de cotización, el actual Ejecutivo del PP lleva meses trabajando en nuevos cambios para equilibrar las cuentas a corto plazo.
Así, entre otras cuestiones, se plantea restringir la jubilación anticipada y parcial, así como introducir el denominado "factor de sostenibilidad", que permitirá revisar el sistema de forma periódica para acomodarlo a factores clave, tales como la esperanza de vida, el nivel de ocupación o la coyuntura económica. A esto se sumaría, además, el hecho de que las pensiones no contributivas se financiarán a partir de este año, exclusivamente, mediante los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma de los años 90
No es la primera vez que el sistema atraviesa una grave situación financiera como la actual. De hecho, la Seguridad Social ha sido reformada en diversas ocasiones ante sus insostenibilidad recurrente a lo largo del tiempo. En la crisis de la primera mitad de los años 90, el modelo también registró déficit durante varios ejercicios. Entonces, al igual que ahora, el Gobierno convocó el Pacto de Toledo para reformar la Seguridad Social.
Entre los distintos cambios introducidos entonces, destaca la segregación de la asistencia sanitaria. Hasta 1999, la Seguridad Social cubría dicha asistencia mediante las cotizaciones sociales, pero a partir de ese momento la financiación de la Sanidad pública se sufraga vía impuestos. Esta separación de fuentes y la incipiente recuperación económica permitieron que el sistema volviera a equilibrar sus cuentas e incluso empezara a presentar excedentes (superávit).
Crisis demográfica
La actual crisis, sin embargo, ha colocado nuevamente a la Seguridad Social en una situación crítica, adelantando la necesidad de poner en marcha nuevas reformas para mantener el sistema en pie. Pero ésta es tan sólo una parte de los problemas. Y es que, la crisis demográfica acentúa, igualmente, la insostenibilidad del sistema de reparto vigente a medio y largo plazo.
En concreto, España sufrió en 2012 un descenso de 318.100 personas de entre 16 y 64 años, hasta un total de 30,3 millones, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Parte de esta caída respondería a la salida de unos 200.000 nacionales y extranjeros hacia otros países para encontrar trabajo, pero otra se debería a factores meramente demográficos (unas 120.000 personas), como resultado de la baja natalidad y el progresivo envejecimiento de la población, según las estimaciones de Alejandro Macarrón Larumbe, consultor de estrategia empresarial y corporate finance y autor del libro El suicidio demográfico de España.
Por otro lado, España cerró 2011 con 58.700 personas más con 64 años que con 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según Larumbre, en 2012, España habría sumado cerca de 143.000 mayores de 64 años, en base a los últimos datos de la EPA.