Así se ha pronunciado este miércoles en rueda de prensa al término de la primera sesión plenaria del año, en la que la mayoría absoluta de los 'populares' ha permitido rechazar las enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley, dejando la puerta abierta a pactar modificaciones durante el resto de su tramitación.
"El Gobierno y el Grupo Popular buscan alcanzar el máximo consenso en esta normativa. Hemos tomado medidas urgentes, paliativas, sobre el desalojo de las familias estableciendo una moratoria de dos años y la creación de un Fondo Social de Viviendas en alquiler. Ahora, con estas medidas, se facilitará que todas las familias vulnerables se encuentren en una situación más adecuada y que ningún deudor de buena fe afectado por la crisis pierda su casa", ha puntualizado.
Para ello, se ha comprometido a "buscar el consenso con muchos grupos políticos", movidos por una "voluntad de avanzar en una regulación" consensuada sobre un tema que "ha generado una gran inquietud social".
Propuestas de cambio
Así, De Guindos ha abundado en las enmiendas parciales que el PP presentará a este proyecto de ley, y que él mismo ya había enunciado durante su intervención en el Hemiciclo. En primer lugar, se propondrá una modificación de la Ley Hipotecaria para limitar los intereses de demora a un máximo equivalente a tres veces el tipo de interés legal del dinero, actualmente en el 4%, prácticamente la mitad del 20% que se llega a aplicar actualmente.
"Es una reducción muy importante que evitará acumular deuda, y no se aplicará sólo a los nuevos contratos de hipotecas, sino que será para todas las hipotecas existentes que entren en mora a partir de la entrada en vigor de la ley. Ésta es una restricción fundamental a una posición abusiva", ha insistido.
También se promoverán cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar una "mayor rapidez en la ejecución hipotecaria", algo que "favorece al deudor"; y se sacarán del "pull de hipotecas que se incluyen en las cédulas hipotecarias" a aquellos créditos que se concedan para un plazo superior a los 30 años.
"No es que se prohíba conceder hipotecas a más de 30 años, pero se limitarán de forma indirecta. 30 años es una práctica habitual, es un tiempo suficientemente dilatado y, si se va a más tiempo, la posición del deudor puede ser mucho más vulnerable al gravar mucho tiempo la vida y las rentas del deudor", ha explicado el titular de Economía.
Ampliar el código de buenas prácticas
Por otra parte, en el paquete de propuestas del Grupo Popular se incluirá una enmienda para ampliar y flexibilizar los márgenes del Código de Buenas Prácticas aprobado el pasado mes marzo para que "haya más beneficiarios" de las posibilidades de reestructuración, quita y dación en pago que recoge.
En concreto, se incrementará el nivel de renta a tres veces el IPREM, que es el mismo baremo que se utiliza para poder acogerse a la moratoria de las ejecuciones hipotecarias y que el Gobierno considera un "nivel suficientemente amplio para que pueda incluir a bastantes más familias deudoras".
Sin embargo, se descarta la posibilidad de aceptar la dación en pago de forma generalizada, como se reclama desde algunas instancias, porque "es una última solución porque el deudor pierde su vivienda" y la intención es que ninguna familia tenga que llegar a ese punto. "La dación en pago, que se ha convertido en un lugar común, supone la pérdida de la vivienda, por lo que hay que establecer medidas muy anteriores para no llegar a esa situación", ha dicho De Guindos.
Entre otras cosas y aparte de las propuestas ya mencionadas, el Gobierno impulsará el "reequilibrio" de la relación entre los hipotecados y los bancos, la posibilidad de que si una entidad financiera que se adjudica una vivienda consigue plusvalía con su venta destine el 50% a reducir la deuda pendiente, o conseguir mayor independencia entre bancos y sociedades tasadoras.
Tramitación parlamentaria
Tras el rechazo del Pleno del Congreso de las enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley que habían presentado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), ahora la norma pasa a ser tramitada por la Comisión de Economía, que contará con competencia legislativa plena para su aprobación definitiva.
Antes de llegar a ese punto, la comisión parlamentaria citará a comparecer los días 5 y 6 de febrero a representantes de diferentes sector vinculados con esta problemática, como entidades financieras, colegios profesionales, judicatura, asociaciones de consumidores o plataformas de afectados por los desahucios.
El objetivo es que los grupos parlamentarios puedan incorporar algunas de las soluciones, ideas o reflexiones que pongan sobre la mesa estos actores a sus enmiendas parciales, que deberán estar registradas en la Cámara baja antes del 8 de febrero. El día 13 de febrero está ya convocada la Ponencia de la ley, con la incorporación automática de parte de las propuestas, mientras que el resto de enmiendas se debatirán en otra sesión de la Comisión a finales de mes.