La Unión Europea (UE) dio este martes luz verde a que once de sus socios, incluida España, avancen en la imposición de una tasa sobre las transacciones financieras, con la que se busca que los bancos, y no los ciudadanos, asuman su responsabilidad en la actual crisis financiera.
"El acuerdo de hoy es un hito para la fiscalidad europea", afirmó el comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, sobre esa decisión que permite a once Estados miembros continuar con el impuesto armonizado sobre transacciones financieras (FTT, por sus siglas en inglés). Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal, avanzarán en solitario en la imposición de esta tasa, que tiene el potencial de recaudar en torno a 37.000 millones de euros anuales, según algunos estudios.
Fuera se queda el Reino Unido, una de las principales plazas financieras europeas, y Luxemburgo. Estos dos países son los que más reticencias habían expresado al respecto porque temen que les perjudique, pero finalmente no han obstaculizado ese avance solitario de los once. Esos dos países, al igual que Malta y Eslovaquia, se abstuvieron, según fuentes comunitarias, mientras que otro país, Holanda, ha mostrado interés por el procedimiento, indicó Semeta durante una conferencia de prensa al término de la reunión del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE).
Agregó que la decisión "es también un hito porque por primera vez el impuesto sobre las transacciones financieras se aplicará en un bloque de países que representa a dos tercios de la Unión, y que responde además a un llamamiento de los ciudadanos".
El procedimiento de cooperación reforzada, bajo el que se ha adoptado esta decisión, la primera de este tipo en el ámbito de la fiscalidad, permite a los demás Estados miembros "subirse a bordo de la FTT cuando lo deseen". Según la legislación comunitaria el proceso de cooperación reforzada se puede lanzar cuando hay un mínimo de nueve países que quieren reforzar la cooperación, siempre que el resto de la UE, por mayoría, les dé el visto bueno.
Semeta explicó que a partir de ahora "la Comisión Europea (CE) reaccionará rápidamente respecto a la luz verde dada a la cooperación reforzada y presentará una propuesta en las próximas semanas", al tiempo que añadió que "luego serán los Estados miembros los que tendrán que tomar cartas en el asunto y decidir cuál es el porcentaje del impuesto". A ese respecto, la tasa que se ha barajado aplicar a las transacciones financieras que tengan origen o destino en los once países es del 0,1 %, y del 0,01 % para productos financieros derivados, aunque serán los Estados los que tendrán que decidirlo. Tras el visto bueno del consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE, la CE presentará su propuesta definitiva al respecto, que tendrá que lograr la aprobación por unanimidad de los once participantes.
En octubre pasado, la CE consideró que la tasa Tobin (que lleva el nombre del economista estadounidense James Tobin, que la propuso en 1971) supondrá "ventajas tangibles e inmediatas" para los países que participen en ella y contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado único en su conjunto. La CE presentó su propuesta original para crear una tasa Tobin en el conjunto de la Unión Europea en 2011, pero no logró los apoyos necesarios y sí muchas críticas, entre ellas las del Reino Unido y Polonia.
"Este histórico voto envía el claro mensaje de que las grandes economías europeas están preparadas para hacer pagar al sector financiero para solucionar el lío que ayudaron a crear", señaló al respecto la portavoz de Intermón Oxfam, Emilia Sánchez-Pantoja. Para la ONG, la decisión adoptada por esos once países es "un ejemplo" a seguir por el resto de los países, además de considerar en un comunicado que al afrontar "los peores excesos del capitalismo, esta tasa puede contribuir a hacer que el sistema financiero beneficie a toda la humanidad en lugar de a una elite global".
Sánchez-Pantoja se refirió a que este gravamen "será realmente una tasa Robin Hood, si una buena parte de los 37.000 millones de euros que se estiman como recaudación anual se destinan a ayudar a los pobres" tanto de la UE como de otros países, ya que han sido los más golpeados por la crisis.
Según los datos manejados por esa organización, que toma como referencia el cálculo del Instituto de Investigación Económica (DIW) alemán, la entrada en vigor de la FTT supondrá que esos once países recauden 37.000 millones de euros anuales. Ello se traduce "en 101 millones de euros al día, 4,2 millones en una hora, 70.000 en un minuto y 1,17 euros por segundo", según Oxfam, que añadió que si solo la mitad de esos ingresos fueran al desarrollo se ayudaría a que 550 millones de personas de los países más pobres tuvieran acceso gratuito a la sanidad.