La Generalidad ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución de su propio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que anula la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona.
A través de este recurso contencioso-administrativo, el gobierno catalán pide al alto tribunal que suspenda cautelarmente la resolución del OARCC, órgano que depende de la propia Generalitat y que ha dictaminado nula la adjudicación de ATLL al considerar que la oferta de Acciona incumple los plazos de inversión fijados en el concurso.
Con esta medida, la Generalidad quiere lograr que Acciona siga gestionando ATLL, a la espera de que la justicia se pronuncie en firme sobre si esta adjudicación se ajusta o no a derecho, y evitar así otorgar a Aguas de Barcelona (Agbar), la otra empresa que se presentó al concurso, la gestión de la empresa de agua.
En su escrito, la Generalidad defiende asimismo el contenido del acuerdo de la mesa de contratación responsable de la adjudicación de ATLL a la empresa Acciona, lo valida jurídicamente y argumenta que cumple "escrupulosamente" con el pliego de condiciones, según ha informado la consejería de Territorio y Sostenibilidad en un comunicado.
Acciona gestiona desde el pasado 1 de enero la empresa pública ATLL, aunque esta adjudicación ha quedado en entredicho, después de que Agbar impugnara el concurso y el OARCC, organismo unipersonal que dirige Juan Antonio Gallo, estimara parcialmente su recurso y declarara nula la adjudicación.
Agbar considera que la resolución del OARCC es "directamente ejecutiva", por lo que la consejería que dirige Santi Vila tendría que aplicarla de inmediato.
Con este objetivo, Agbar presentó también un recurso ante el TSJC, que ha dado un plazo de cinco días a la Generalidad para explicar cómo piensa ejecutar la resolución del OARCC.
Agbar quiere que de forma urgente se suspenda la formalización del contrato con Acciona y se impida "la toma de posesión de las instalaciones del servicio por parte de la empresa contratada" y que ésta "asuma el personal de la empresa pública y dé comienzo a la gestión del servicio".
Agbar asegura, además, que la mera interposición de un recurso contencioso, como ha hecho la Generalitat, no es suficiente para suspender la eficacia de la resolución del OARCC.
Acciona y Agbar presentaron el pasado año sendas ofertas al concurso que abrió la Generalitat para privatizar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona.
El 6 de noviembre, la Generalidad anunció la adjudicación de ATLL a Acciona, que se presentó al concurso de la mano del banco brasileño BTG Pactual y las familias catalanas Rodés y Godia, y el pasado 27 de diciembre ambas partes firmaron el contrato de privatización.
Sin embargo, Agbar impugnó esta adjudicación y llevó el caso ante el OARCC, que el 2 de enero, tan sólo un día después de que Acciona asumiera la gestión de ATLL, hizo pública su resolución, contraria a los intereses de la Generalitat.
El Gobierno catalán, que ya ha recibido los primeros 300 millones de euros de esta privatización de manos de Acciona -el global de la operación está cuantificado en 1.000 millones-, se ha comprometido a devolver "inmediatamente" a la adjudicataria actual este dinero si la justicia acaba confirmando la resolución del OARCC y el Govern se ve obligado a adjudicar ATLL a Agbar.