El conflicto entre Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar) por la red de abastecimiento de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) ha dado una nueva vuelta de tuerca. Si con el recurso que pretende aplicarse el Gobierno catalán a si mismo parecía que ya estaba visto todo, una nueva contradicción sale a la luz en lo que se está convirtiendo en un particular culebrón.
Tras otorgarle la concesión por concurso, el 1 de enero de este año Acciona se hacia cargo del suministro de aguas. Tan solo dos días después, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalidad de Cataluña (OARCC), estimaba un recurso planteado por Agbar en contra de la concesión porque había encontrado fallos en el proceso"
Lo curioso del asunto es que fue el propio OARCC el que 3 de diciembre dio luz verde a la iniciativa del Gobierno de Mas de hacer firme la adjudicación. Según consta en documentación oficial, a la que ha tenido acceso el diario Cinco Días, el 23 de noviembre Agbar presenta el recurso ante este organismo que decide primero paralizar el procedimiento y después, volver a darle luz verde sin previo aviso (y sin previa solicitud de las empresas).
Llama la atención que esta última decisión la tomase antes de que finalizase el año, un momento que coincidía con la fecha en la que la Generalidad pretendía cobrar de Acciona los 300 millones de canon inicial por una concesión valorada en 1.000 millones.
Las expectativas de la Generalidad se cumplieron. El 27 de diciembre el Gobierno catalán ingresaba, gracias a Acciona, el primer pago de 298,6 millones de euros, una cuantía que le permitió pagar las nóminas y cumplir sus previsiones de déficit público.
El grupo que preside José Manuel Entrecanales ha advertido de que, en el supuesto de que la Generalidad decidiera anular y resolver el contrato vigente, el consorcio tiene derecho a "la devolución inmediata" de los 298,6 millones satisfechos ya como parte del canon concesional y a la reparación de daños y perjuicios. También, los servicios jurídicos del consorcio preparan "las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses." De momento, las cuentas al Ejecutivo catalán le han cuadrado.