Una de las diferencias, y por cierto no la menor, entre el capitalismo español y el capitalismo de verdad es lo acontecido con las cajas de ahorros norteamericanas a finales de los ochenta, esto es, cuando el mandato de Ronald Reagan. Como los nuestros, aquel presidente yanqui también pensaba que algunas entidades financieras son demasiado grandes para quebrar, pero él estaba convencido de que ninguna es lo suficientemente grande como para no tener que cumplir las leyes. Consecuente con idea tan simple, su Departamento de Justicia tramitó siete mil expedientes criminales contra otros siete mil directivos financieros tras la ruina especulativa de tales entidades de ahorro. Expedientes que darían lugar a mil cien inculpaciones firmes. Causas que, a su vez, desembocarían en ochocientas treinta y nueve condenas judiciales.
Al final, de cuantos ejecutivos se sentaron en el banquillo a instancias del Gobierno federal, seiscientos cincuenta terminaron cumpliendo penas de prisión entre rejas. Huelga decir que todos ellos fueron inhabilitados de por vida. Reagan sí podía. Nada que ver con esos titulares de la prensa del domingo. Los que aireaban el escándalo de la Asociación de Inspectores del Banco de España ante "los frecuentes indicios de conductas delictivas" que el gobernador solventaba "mirando hacia otro lado". Por cierto, la misma asociación que en fecha tan lejana como 2006 remitió una carta a Pedro Solbes, el entonces ministro de Economía, que empezaba así: "Nos vemos obligados a hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español como consecuencia de la anómala situación del mercado inmobiliario es muy superior al que se desprende de los discursos del gobernador".
Carta que acabó en la papelera. Procedía dar tiempo a que Mafo completara el trabajo: endosar a los contribuyentes la factura de las bancarrotas. Gracias a su impagable pericia, si se nacionalizaban las cajas, el Estado perdía; y si no se nacionalizaban, perdía igual. He ahí los ejemplos de la CAM y Bankia. En 2010, la CAM emitió 5.811.000.000 euros en deuda avalada por el instituto emisor. Historia que, calcada, se repitió en el caso de Bankia, aunque por un monto de 31.406.000.000 euros. Mafo pudo imponerles los requisitos de solvencia que considerase oportunos, pero, ¡ay!, no quiso. Bien sabía él que esto no es América.