Portugal estudia aplazar la indemnización por despido de 12 días

El Gobierno portugués está dispuesto a negociar un periodo de transición de cinco años para aplicar la reducción de la indemnización de despido de 12 días por año trabajado, afirmó el viernes el ministro de Economía y Empleo, Alvaro Santos Pereira.

"Lo que hemos hablado con los agentes sociales y tendrá que ser hablado con la 'troika' es que habrá un periodo de transición, en el que durante una fase inicial el valor de las indemnizaciones en un contrato de trabajo sea más elevado y después pueda bajar a 12 días", afirmó en declaraciones a los periodistas. Este nuevo plazo sería de cinco años y durante ese tiempo la indemnización por despido pasaría a ser de 18 días por año trabajo en lugar de 12, aunque se mantiene el máximo de doce mensualidades.

Esta suavización, que está pendiente de negociación, se produce dos días después de que el Ejecutivo entregase al Parlamento la propuesta de ley que contempla la reducción de las indemnizaciones por despido, de 20 a 12 días por año trabajado. El recorte se encuadra en los compromisos asumidos por el Gobierno luso con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -conocida también como "troika"- para acceder al préstamo de 78.000 millones de euros.

Ya en 2011 el mismo Ejecutivo de Pedro Passos Coelho, de signo conservador, aprobó otra rebaja del valor de estas indemnizaciones, que pasó de 30 a 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. Pero el Gobierno justificó una nueva reducción porque la compensación debía equiparse a la media de la UE y argumentó que los estudios estiman que ésta se sitúa entre los 12 y los 8 días.

Sindicatos y oposición censuraron los análisis de esos estudios, además de esgrimir que el salario medio o el nivel de protección social en Portugal está por debajo de la media comunitaria. El ministro Santos Pereira mostró su disponibilidad para continuar el diálogo con los agentes sociales y aseguró que "esa solución" -el período transitorio- se debata con los partidos en el Parlamento. El Gobierno luso pretende con esta medida consolidar su programa de reformas para reducir el déficit fiscal hasta un 4,5 % en 2013, como le exige la UE y el FMI, y promover la contratación frente a un nivel de desempleo por encima del 16 %.