El Gobierno francés se ha propuesto aplicar un programa de reformas que pasa por la renovación del papel del sector público para enfrentarse a las consecuencias de la crisis económica, que sitúa a Francia en una encrucijada clave.
Así lo manifestó el primer ministro, Jean-Marc Ayrault, que ha reunido este jueves -por primera vez en 2013- a los miembros del Ejecutivo en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de la República, en un acto solemne en el que quiso hacer visible ese compromiso.
Las reformas que el Gobierno francés pretende aprobar en los próximos seis meses afectan a amplios ámbitos de la vida económica y social del país, cuyas perspectivas oficiales de crecimiento son del 0,8 %, un ritmo de aumento del Producto Interior Bruto (PIB) que ya ha sido puesto en duda por algunos expertos económicos.
El país se enfrenta a una subida continuada del índice de desempleo que, según las cifras oficiales, podría situarse a mediados de año en el 10,5 %.
Ayrault propuso por ello crear un "nuevo modelo" para que Francia salga de la "encrucijada" en la que se encuentra y revisar el papel de los poderes públicos para recuperar la potencia económica del país.
El primer ministro adelantó en una tribuna publicada en el diario "Le Monde" los objetivos del Gobierno para 2013 y declaró en ella que resulta "urgente restaurar la potencia de la economía y de la democracia francesas, fragilizadas por la crisis".
El primer ministro propugnó una "renovación en profundidad del modelo francés para adaptarlo al tiempo presente y dar una nueva realidad a sus valores republicanos fundadores".
Ayrault consideró que en primer lugar es necesario "repensar el papel de los poderes públicos" porque hace tiempo que el Estado "ha abandonado su función estratégica", razón por la cual "el gasto público ha perdido su eficacia".
"El endeudamiento debilita nuestra soberanía al someternos a las exigencias de los mercados financieros", explicó Ayrault, quien propugna acabar con "las duplicidades y los gastos inútiles", para responder "más eficazmente a las necesidades" que tienen los franceses.
Ayrault mencionó especialmente que su Gobierno pretende hacer cumplir la "promesa republicana de la igualdad" y dijo que actuará contra las discriminaciones "de origen social o étnico, ligadas a la identidad u orientación sexual", sin citar el polémico proyecto de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Gobierno galo tiene ante sí la tarea de demostrar que actúa coordinado, después de que durante las últimas semanas de 2012 quedaran públicamente en evidencia algunas discordancias que obligaron al primer ministro a corregir a varios de sus ministros.
Esta circunstancia ha contribuido a hacer descender a mínimos los niveles de popularidad tanto de Ayrault como del presidente François Hollande a solo seis meses de la llegada de ambos a las responsabilidades de la jefatura del Gobierno y del Estado, respectivamente.
Y el Ejecutivo se enfrenta además al reto de reconducir el proyecto de incrementar la fiscalidad sobre las rentas más elevadas, después de que el Consejo Constitucional se pronunciara en contra de la ley que prevé gravar al 75 % a quienes ganen más de un millón de euros.
Entre las tareas que se le presenta al Gobierno este año están la de alcanzar un acuerdo en materia de empleo que consiga frenar el incremento del paro, que crece imparable desde hace 19 meses y que, según declaró el presidente François Hollande, es la prioridad del Ejecutivo.
En un mensaje dirigido a los ministros tras la reunión del Gobierno, Hollande les confirmó que su segundo objetivo debe ser "preparar el futuro" y se refirió a las actuaciones que prepara el Ejecutivo en materia de industria, energía, vivienda, sanidad, educación superior, investigación y nuevas tecnologías.
El país está pendiente precisamente de decisiones que se tomen para evitar la deslocalización de empresas francesas hacia países con mejores condiciones laborales y costes de producción más reducidos y evitar así lo que hoy calificó el diario económico "Les Echos" como un "año negro".