El Gobierno dejó claro, por la vía de los hechos, cuáles son los límites de Cataluña en el marco competencial, y por ello dio orden a la Abogacía del Estado para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto ley que incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios. Y "así se hará cada vez que corresponda", se adujo oficialmente, reiterando que Mariano Rajoy "cumplirá y hará cumplir" las reglas de juego.
En una semana en la que se ha dicho y escrito prácticamente de todo, y a pocos minutos de que Artur Mas fuera investido presidente de la Generalidad, la vicepresidenta reconstruyó el discurso oficial, rebajándolo en las formas, pero no en el fondo, habida cuenta del recurso presentado. De hecho, antes incluso del turno de preguntas, Soraya Sáenz de Santamaría exponía que el Ejecutivo en funciones de Mas no tenía capacidad legal de adoptar medidas "que vayan más allá de la gestión corriente", en relación a unos tributos que corresponden, en exclusiva, al Estado.
"Es una norma de derecho tributario básica", invocó, utilizando como percha que el Congreso aprobó este jueves definitivamente el proyecto de ley de medidas tributarias, que incide en este extremo. Y, todo, bajo el paraguas de la "unidad de mercado" que tanto defiende el Gobierno, y que ya está plasmando en sus reformas. "No es muy lógico", dijo Sáenz de Santamaría, que dos depósitos en la misma entidad financiera reciban un trato fiscal diferente en función de la comunidad autónoma en que se haya abierto cada uno.
Puesto los puntos sobre las íes, la portavoz rebajó el tono, encauzándolo en la línea del diálogo defendida este mismo martes por el presidente en el Senado. "Es el momento de la estabilidad y de construir. Deberíamos de estar todos muy centrados", destacó. Se le preguntó expresamente cuáles son las herramientas en manos del Gobierno en caso de que se convoque la consulta ilegal, pero evitó echar más leña al fuego: "El Gobierno no habla de hipótesis" sino que, cuando corresponda, "tiene que actuar y cumplir y hacer cumplir la Constitución".
En este punto, llamó a los españoles a "estar tranquilos", pero no entró en la letra de las actuaciones previstas por el Ejecutivo. No se refirió al artículo 155 de la Constitución, ni al Código Civil, ni tan siquiera al Constitucional, a pesar de que en la víspera Alberto Ruiz Gallardón -sentado a su vera, para anunciar los cambios relativos al CGPJ- confirmara que ésta sería la primera vía a utilizar por Rajoy.
Morenés: "El Ejército está tranquilo"
La portavoz quiso reducir la tensión, y a ello también ayudó el ministro de Defensa, el tercero en la mesa de la rueda de prensa: "El Ejército siempre está tranquilo, sabe cuál es su tarea", dijo, preguntado sobre si existe preocupación por la deriva nacionalista. "Son hombres y mujeres y, a nivel personal tendrán determinadas opiniones como personas", si bien Pedro Morenés resaltó que en ningún caso ese más que posible malestar se extienda "desde el punto de vista" de la institución.
"Tengo la especial tranquilidad en ese sentido, la tranquilidad de que el Ejército sabe lo que tiene que hacer, y estará a las órdenes del poder civil como ha ocurrido a lo largo de la historia reciente", remató Morenés.
Rechazada la propuesta de Aznar
La propuesta de José María Aznar de un gran pacto de los partidos constitucionalistas a favor de la unidad nacional también resonó en el Consejo de Ministros, aunque para el Gobierno todo está ya claro en la Carta Magna de 1978. "Es un marco de convivencia suscrito por la inmensa mayoría, la norma suprema que a todos se nos aplica y con mayor fuerza que ninguna", recalcó Sáenz de Santamaría.
En calidad de vicepresidenta, fue ella misma la que dijo que no puede "sugerir" a las fuerzas políticas ningún tipo de acercamiento en este sentido, si bien lanzó su particular pulla al PSOE al deslizar el hecho de que, en el Parlamento catalán, el PSC ha dicho que no pondrá "palos en la rueda" en caso de referéndum.
La clave ahora es "trabajar todos juntos", aunque el gabinete teman con conocimiento de causa que Artur Mas va por otros derroteros. Sin embargo, lejos de dar razones para aumentar la desafección, Sáenz de Santamaría recordó también que "este Gobierno lo es de los catalanes y de Cataluña, y nuestra relación institucional será siempre en esa línea". Incluso recordó el Fondo Autonómico de Liquidez (FLA) y la Ley de Estabilidad, que sirven para pagar facturas, aunque -lo reseñó de forma calculada- también cuenta con "condiciones" que cumplir para rebajar el objetivo de déficit público que Cataluña aún no alcanza, según datos del Ministerio de Hacienda.