CiU y ERC han rubricado este miércoles un pacto de gobernabilidad para que Artur Mas siga presidiendo la Generalidad de Cataluña durante la X legislatura. En el documento, de 18 páginas, las dos formaciones nacionalistas se comprometen a impulsar una "transición nacional", con la celebración de una consulta soberanista en el horizonte de 2014. Pero más allá de las claves políticas, el texto recoge toda una serie de medidas fiscales -incluido el desarrollo de una Hacienda propia- para, en teoría, garantizar la estabilidad presupuestaria.
Las claves de este nuevo programa económico se resumen, básicamente, en cinco puntos: elevar el objetivo de déficit público fijado para 2013; aumentar las aportaciones del Estado a las arcas catalanas; subir impuestos; limitar ciertas tasas en servicios públicos básicos; y minimizar los recortes de gasto público. De este modo, CiU, prácticamente, ha cedido a casi todas las reivindicaciones económicas presentes en el programa electoral de ERC.
La Generalidad cerró el pasado año con un déficit del 3,7% del PIB regional y, dada su manifiesta insolvencia, tuvo que ser rescatada por el Gobierno central, vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En total, Cataluña ha recibido del Estado cerca de 12.000 millones de euros en 2012 si se suman todas las ayudas extra recibidas.
A cambio, Mas se comprometió a reducir su déficit hasta el objetivo del 1,5% de este año, pero la Generalidad ya ha advertido que difícilmente cumplirá. De hecho, pone en duda el objetivo del 0,7% del PIB que tiene que alcanzar en 2013. Es, sin duda, una de las regiones que presentan un mayor desequilibrio fiscal, pese a las medidas aplicadas hasta ahora por CiU.
Sin embargo, el pacto con ERC supone una vuelta de tuerca que hará aún más complicado el necesario cumplimiento de las metas de consolidación fiscal. En principio, según las estimaciones iniciales de la Generalidad, Cataluña necesitará ajustar unos 4.000 millones en 2013 para reducir el déficit al 0,7%. La estrategia a seguir consistirá en elevar la recaudación tributaria de forma muy sustancial (unos 1.000 millones de euros extra en 2013, como mínimo).
El último capítulo del citado pacto, bajo el título Por una política económica y presupuestaria para la transición nacional, CiU y ERC detallan la estrategia presupuestaria durante la denominada "transición", hasta 2014.
Elevar el objetivo de déficit
El primer objetivo de la Generalidad será suavizar el objetivo de déficit de las CCAA para 2013, del 0,7% del PIB, porque, según el texto, su consecución supondrá "sacrificios desproporcionados", "perjudiciales" y "contraproducentes" para los catalanes.
Más dinero del Estado
Además, puesto que los ingresos de la Generalidad resultan insuficientes para financiar todos los servicios públicos y el conjunto de competencias transferidas, el segundo objetivo es obtener más recursos, reclamando al Estado ciertas partidas que, según argumentan, corresponden a Cataluña, tales como la disposición del Estatuto catalán en materia de inversiones públicas, el 0,7% del IRPF para fines sociales, derechos de emisión de CO2 de las empresas catalanas o la recaudación extra proveniente de la lucha contra el fraude fiscal y la amnistía tributaria, entre otras.
Subida masiva de impuestos
Por otro lado, CiU y ERC se comprometen a aumentar o crear nuevos impuestos (hasta un total de 10 figuras), convirtiendo así a la región en una de las más castigadas de España e incluso de Europa en materia fiscal -ya cuenta con el tercer IRPF más alto del mundo, con un 56%-.
- Nuevo impuesto autonómico sobre los depósitos para la banca y cajas de ahorros con sede y/o oficinas en Cataluña, con el que prevé ingresar unos 500 millones al año.
- Se ampliará el Impuesto de Sucesiones para recaudar hasta 200 millones.
- El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que se paga en el momento de comprar viviendas usadas) se adaptará al incremento del IVA del 10%, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, para ingresar otros 100 millones.
- Nuevo impuesto sobre la distribución y generación de energía nuclear, que afectará a las plantas de Ascó y Vandellós. Otros 100 millones al año.
- Se ampliará y elevará el Impuesto de Patrimonio (55 millones de euros).
- Nuevo impuesto sobre las grandes superficies comerciales (25 milones).
- Nuevo impuesto sobre los fabricantes de bebidas azucaradas, bajo la excusa de proteger la salud (22 millones).
- Dos tasas medioambientales: una sobre la emisión de gases contaminantes y otra sobre "la producción de residuos nucleares".
- La "euroviñeta": la pagarán "los vehículos pesados de mercancías que atraviesen Cataluña por las vías de gran capacidad de titularidad catalana".
- Impuestos y cargas sobre las viviendas desocupadas, "propiedad de sociedades mercantiles", para incentivar su entrada en el mercado del alquiler.
Reducción de tasas y minimización de recortes
ERC también pretendía echar abajo alguna de las medidas más polémicas de Mas en materia de servicios públicos, como el euro por receta y las tasas universitarias y judiciales. El acuerdo no las elimina, pero la Generalidad se compromete a evaluarlas para que sean más progresivas, así como establecer exenciones para ciertos colectivos.
Asimismo, el pacto establece que deben garantizarse las partidas dirigidas a cohesión social, servicios públicos e incentivos a la actividad económica y creación de población, así como incrementar la rentabilidad del patrimonio público. Es decir, si bien no se precisa la magnitud del ajuste presupuestario de 2013 y años posteriores, el acuerdo sí que pone el acento en la necesidad de que los recortes no incidan "en los colectivos sociales más vulnerables" y en que tampoco supongan un freno "a la generación de actividad económica y empleo". El objetivo, por tanto, será minimizar los recortes de gasto público.
Por último, en cualquier caso, el pacto sólo incluye un listado de medidas básicas. Así, CiU y ERC se comprometen a crear un grupo de trabajo sobre presupuestos para "planificar y ejecutar la planificación y ejecución" de privatizaciones, concesiones y ventas de activos, implementar nuevos ingresos y hacer ajustes presupuestarios extra a lo largo del ejercicio en caso de que sea preciso.