Los sindicatos han propuesto a la Comunidad de Madrid que acuda al fondo de liquidez de las autonomías para financiar la sanidad pública, dentro del plan para evitar la privatización de la misma que han presentado al Gobierno regional. En principio, la idea podría tener cierto sentido, si no fuera por el hecho de que, tal y como está diseñado el Estado de las Autonomías, el fondo de rescate autonómico lo único que hace es generar incentivos para que las comunidades no lleven a cabo reforma alguna ni de sus funciones y competencias ni, por supuesto, de sus gastos.
En Estados Unidos, la American Recovery and Reinvestment Act de 2009 permite al Gobierno federal conceder ayudas a los distintos estados para que, a pesar de la crisis, puedan mantener en funcionamiento sus sistemas públicos sanitarios y educativos. Muchos pensarán: si Obama hace esto, ¿por qué no pedir lo mismo en España? Esta es la línea de pensamiento de los sindicatos. Pues bien, en España no se puede hacer algo por el estilo por una razón fundamental: mientras en EEUU todos los estados, con la excepción de Vermont, tienen incluida en su Constitución –el equivalente a los estatutos de autonomía– la prohibición de incurrir deliberadamente en déficit público y mantenerlo a lo largo del tiempo, en España ningún estatuto de autonomía recoge semejante precepto. Con el fin de contribuir al logro de esa estabilidad presupuestaria, el Gobierno federal acude en socorro de los estados ayudándolos a financiar esos dos servicios básicos para que puedan concentrarse en recortar otros gastos secundarios y, de esta forma, restaurar el equilibrio en sus cuentas.
En España, como decía, ni los estatutos de autonomía contienen obligación alguna de equilibrio presupuestario ni los dirigentes autonómicos tienen la menor intención de incluirla. En consecuencia, aquí el fondo de liquidez de las autonomías, con toda probabilidad, tiene y va a tener el efecto perverso de generar toda una estructura de incentivos para que las autonomías sigan sin recortar lo que tienen que recortar. Si el Gobierno central acude en su ayuda, ¿para qué van a aprobar planes de saneamiento y ajuste del gasto regional, con lo que ello conlleva de pérdida de poder y de mecanismos de control de la sociedad, por no decir de nepotismo y latrocinio? Si el fondo de liquidez permite que las autonomías pidan ayuda para financiar la sanidad, nunca la reformarán; de hecho, la misma existencia del fondo supone que las comunidades nunca van a recortar todo aquello que tienen que recortar o cerrar, en especial todo tipo de empresas públicas. Por ello, el fondo de liquidez debería ser muy restrictivo en cuanto al tipo de ayudas que concede o, mejor aún, debería desaparecer. Ya verán, entonces, cómo a las autonomías les falta tiempo para hacer lo que llevan tanto tiempo eludiendo.