Como anunció el pasado viernes, la central nuclear de Garoña se ha desconectado de la red eléctrica este domingo a las 23 horas. Se trata de una pésima noticia de gravísimas consecuencias y que dice casi todo sobre nuestro demencial régimen energético.
Garoña estaba en el punto de mira del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con su descerebrado ecologismo pancartero. Pero quien la ha rematado ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy, que, lejos de reparar los destrozos generados en el sector energético por su predecesor, los ha agravado con un impuestazo infame por injusto, pues penaliza a los productores eficientes y salva la cara a los ineficientes.
La central burgalesa ha cerrado porque no podría soportar las nuevas condiciones impuestas por el Gobierno. Así de claro. Seguir en funcionamiento el próximo 1 de enero le supondría un desembolso anual de 153 millones de euros. La cifra es escandalosa, como escandalosa es la política energética de este Gobierno irresponsable, que, en vez de pinchar de una vez por todas la infausta burbuja verde, ha optado por machacar a quienes más y mejor energía generan en nuestro país, que hoy más que nunca conviene recordar es tremendamente deficitario en este punto: importamos en torno al 75% de la energía primaria que empleamos, un 25% más que la media UE, por poner un ejemplo contundente.
Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, ha anunciado que el cierre "definitivo" de la central dejaría de serlo si el Gobierno diera marcha atrás a esa reforma energética que pretende ejecutar, y que llevaría a aquélla a padecer pérdidas anuales de hasta 40 millones de euros. Haría bien el Ejecutivo en recapacitar de inmediato. En casos así, rectificar es de sabios y no hacerlo, de suicidas. Lo último que necesitamos, en la pavorosa situación que vivimos, es sufrir una crisis energética.