Uno de los mayores problemas de nuestra economía es el déficit del sector público. Sus consecuencias son realmente muy serias. Para cubrirlo no queda otro remedio que emitir deuda pública. Para colocarla, debido a que es muy alto el número de bonos que se precisa poner en el mercado –en buena parte, en el internacional–, no queda más solución que aceptar que sus tipos de interés sean muy altos. Si los bonos del Gobierno alemán a 10 años se colocan, como media –según The Economist del pasado día 1–, en el ámbito del área del euro, al 1’38%, los españoles lo han de hacer al 5’54%. Automáticamente, eso significa una fortísima dificultad de financiación para toda suerte de actividades, o lo que es igual, un crédito escaso y, por ello, caro, que frena la actividad productiva y hace que el desempleo aumente con fuerza.
Como señaló la ministra de Empleo y Seguridad Social el 30 de noviembre, "desde el comienzo de la crisis económica se han perdido casi tres millones de cotizantes a la Seguridad Social". Las soluciones no son buenas: o subir las cotizaciones, con lo que el coste de la mano de obra para los empresarios sube, lo que dificulta la competitividad –y esto en un tiempo de crisis–, o incrementar el gasto público, que como se acaba de señalar no es tolerable.
Algo complica las cosas el que la presión del desempleo y la cuestión demográfica hagan crecer el número de pensionistas respecto al conjunto de la población activa con contrato laboral, y un tanto alivia, de momento, la existencia, desde 1997, de un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que ahora cuenta con 66.860 millones de euros de recursos; pero, para los próximos años, la búsqueda de dinero en dicho fondo no será tan fácil como en el cuento aquel de la bolsa que más llena estaba cuanto más se extraía de ella. Todo lo contrario.
La única solución, a corto plazo, radica en poner el foco en los ingresos de los pensionistas, que tanto dependen del incremento del índice de precios al consumo (IPC). No hay más remedio que revalorizar las pensiones por debajo del mismo. Unos 6,7 millones de personas, quienes reciban el 31 de diciembre pensiones iguales o inferiores a los 1.000 euros, experimentarán un aumento del 2%. "El resto de los pensionistas verán (...) revalorizadas sus pensiones en un 1%" (Báñez); esta vez, y no la anterior, de acuerdo con lo previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Hacer esto suaviza las circunstancias de la crisis económica, con el complemento de que a la cobertura de las prestaciones por desempleo se destinan 4.295 millones de euros con destino al Servicio Público de Empleo Estatal.
Es obligado plantearse una remodelación del sistema de pensiones. La ministra Báñez ha declarado: "Se está trabajando con valentía, abordando la modernización del sistema de Seguridad social". Lo que cristalizó en el inicial Pacto de Toledo no puede dejarse intacto. Antes al contrario, es preciso cambiarlo, entre otras medidas acercando "la edad real de jubilación a la edad legal" y promoviendo "el envejecimiento activo a través de la prolongación voluntaria de la vida laboral". Probablemente esto tendrá que completarse con otras medidas –el salto pleno al sistema de capitalización, como pretende Piñera, es imposible en España–, pero no es posible creer que todos los caminos de financiación han sido ya recorridos.
Efectivamente, es la actual una situación crítica, muy difícil, pero este primer paso era absolutamente necesario. Fátima Báñez nos ha anunciado lo único serio que se podía hacer.