El ministro Montoro acaba de amenazar con hacer pública una lista con los mayores defraudadores y morosos a la Hacienda Pública. No faltarán, entre las filas socialistas y fuera de ellas, quienes se pregunten si va a hacer pública esa lista para que todos sepamos quiénes se beneficiarían en el caso de que se aprobara otra amnistía fiscal como la que Montoro ya ha llevado a cabo.
Habrá otros que no se creerán la amenaza del ministro, no ya por razones de encaje jurídico, sino porque le obligaría a incluir en la lista a esos "medios de comunicación" contra los que Montoro no se ha atrevido a ejercer acciones legales desde la Agencia Tributaria y que ni siquiera se atreve a citar por su nombre.
En mi caso, como humilde trabajador por cuenta ajena, lo que más me molesta de la amenaza del ministro es que con ella incida en esa cantinela, tan típicamente socialista, que proclama que el problema del déficit público no está en nuestro sobredimensionado y despilfarrador sector público, sino en el hecho de que quienes tendrían que pagar no lo hacen.
A ello habría que sumar el hecho de que somos muchos los que recordamos la manera más que aceptable con la que Montoro, antes de aceptar ser ministro de Rajoy, explicaba hasta qué punto era contraproducente, incluso desde el punto de vista recaudatorio, tratar de atajar el déficit en plena recesión económica subiendo los impuestos. Vamos, justo lo que ha hecho. Gracias a Montoro, España no sólo padece una de las fiscalidades más elevadas de toda Europa en materia de IRPF y tributación sobre el capital (ahorro), sino que, tras las últimas medidas aprobadas por él mismo, también sufrirá uno de los sistemas fiscales más confiscatorios sobre las empresas.
El ministro Montoro podrá estar al día con Hacienda –cosa que es posible hasta con un Gobierno presidido por Rajoy–, pero como defraudador a los votantes y a los principios que tradicionalmente abanderaba su partido es insuperable.
A pesar de esta defraudadora voracidad fiscal, todo parece indicar que también va a defraudar los comprometidos objetivos de reducción del déficit. Ministro de un Gobierno moroso hasta la médula en lo que a prometidas reformas estructurales se refiere, ha defraudado la Ley de Estabilidad Presupuestaria en lo que a sus mecanismos de "vigilancia, sanción e intervención" se refiere. Y es que Montoro ha preferido mirar a otra parte, incluso ante hechos tan graves como el de que un tercio de los Gobiernos regionales está maquillando sus cifras de gasto para ocultar sus auténticos niveles de déficit.
Con tal de evitar a Rajoy polémicas con los nacionalistas, Montoro, el defraudador, todavía se empeña en hacernos creer que todas las autonomías están cumpliendo con sus objetivos de reducción del déficit, algo que ya se han atrevido a desmentir –aunque sólo sea en los casos de Cataluña y Valencia– sus compañeros de Gobierno. Montoro ha ocultado también el papel decisivo que esta tolerada indisciplina autonómica ha tenido –junto a la silenciada y estructural estafa piramidal que constituye el sistema público de reparto– en la decisión de defraudar la esperanza de los jubilados de ver revalorizadas sus ridículas pensiones.
Y es que, por escasa que sea la legitimidad de los editoriales de Prisa para pedir el cumplimiento con el Fisco, pocas cosas han resultado tan defraudadoras como este Gobierno y su ministro de Hacienda.