En este momento, no se cuestiona si PER sí o PER no, sino si la ampliación de los recursos destinados al empleo rural, dada la sequía pasada y el escaso trabajo en el campo andaluz, la paga toda la comunidad nacional o sólo la comunidad andaluza. Dado que el Estado destina este año 147 millones de euros al conocido como Plan de Empleo Rural, el PP andaluz exige al PSOE andaluz y al presidente José Antonio Griñán, que sea la Junta de Andalucía la que aporte otros tantos millones si quiere ampliar la cobertura a los jornaleros agrícolas. El PSOE andaluz, como es sabido, le reclama al gobierno de la nación dicha cantidad.
El problema es la debilidad del empleo en el medio rural, debilidad que ningún plan ha mejorado desde hace más de 40 años. El número de jornadas trabajadas necesarias para tener acceso al subsidio agrario se ha ido reduciendo: de 60 a 35(1986) a 20(en épocas de sequía o malas cosechas), luego a 15 y ahora, UGT, por ejemplo, pide la desaparición de requisito de haber trabajado jornada alguna para tener acceso al subsidio. Estas jornadas se computan vengan de la agricultura o vengan de las obras municipales desarrolladas con el dinero del PER.
Lo que han pedido los sindicatos y el PSOE es un PER extraordinario, al margen del que ha sido mantenido por el gobierno del PP. Por ello, la ministra de Empleo, la andaluza Fátima Báñez, ha negado tal pretensión y el PP de Andalucía, en consecuencia, ha anunciado que va a presentar en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley para reclamar al Ejecutivo de José Antonio Griñán un plan especial de empleo "ante la situación de crisis del campo andaluz", según defendió ayer en Jaén la vicesecretaria regional del partido, Alicia Martínez. Un plan que, según la dirigente, debe ir destinado a los eventuales agrarios y dotado con 147 millones de euros, la misma cantidad del PER ordinario aprobado para este año por el Gobierno para Andalucía.
Los populares justifican la iniciativa en que la Junta "tiene competencias exclusivas en Agricultura", pero la izquierda andaluza hace hincapié en que la competencia en materia de Empleo es del Gobierno central, que sí ha aprobado planes especiales similares a los que pide Andalucía para Extremadura y Canarias.
El PP andaluz, según El País, replica así a las manifestaciones de alcaldes socialistas que se movilizan desde hace semanas para exigir un PER especial por la reducción de jornales en el campo andaluz y, muy especialmente, en la campaña de la aceituna, donde se perderán nueve millones de jornales por la disminución de la cosecha en casi un 70%. Pero, escandalosamente, la Ley del Olivar de Andalucía de la Junta andaluza no tiene consignación prespuestaria para 2013.
Algunas precisiones sobre el PER
1.-El subsidio agrario no es el PER, que es un plan de empleo rural, puesto en marcha en época de Franco (el famoso "comunitario" o "paro comunitario") para aliviar la situación económica y social del campo andaluz y extremeño. Se trata de unos recursos para hacer obras municipales en los pueblos andaluces y extremeños, pero con la peculiaridad de que sus jornales puede ser computados para cobrar el subsidio agrario.
2.-En 2011, el Estado destinó un fondo anual (en Andalucía, 142,9 millones este año más 4,7 que aportó la Junta) para que los ayuntamientos hagan obras y contraten a jornaleros en paro. El dinero va a los consistorios, que presentan sus proyectos de obras a los directores provinciales de Empleo (dependientes del Ministerio) para que los aprueben. Deben recibir el 70% y el resto al acabar las obras y justificar los contratos hechos. Si no, deben devolver el dinero.
3.-El jornalero no tiene derecho al seguro de desempleo urbano y nacional. La regulación del subsidio agrario comenzó en 1983 y su aplicación en 1984 e inicialmente se exigía un mínimo de 60 peonadas anuales cotizadas, aunque desde hace año y medio, por la coyuntura de la crisis y de una climatología adversa se bajó el requisito a las 20 peonadas. Ahora sindicatos, PSOE e IU quieren que se elimine el requisito de las jornadas.
4.-Tienen derecho a cobrar el subsidio los trabajadores agrícolas por cuenta ajena, esto es los jornaleros, adscritos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que coticen las jornadas anuales exigidas. En ningún caso esa ayuda es percibida por los agricultores, que son empresarios.
5.-Según UGT, de los 470.000 eventuales que existen en Andalucía sólo cobran subsidio agrario o renta agraria 260.000 personas, el resto no cumple los requisitos, que son tener rentas inferiores al 75 por 100 del salario mínimo, que el cómputo anual no supere los 7.600 euros, y criterios en función de miembros de la unidad familiar.
6.-En 2011, la cuantía del subsidio era de 426 euros mensuales, con una percepción máxima de seis meses, aunque varía algo la cantidad si aumentan el número de peonadas o de cargas familiares, fondos que se financian de las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social.
7.-Como consecuencia del incremento del paro, 35 por ciento en Andalucía, muchos trabajadores han vuelto a sus pueblos de origen tratando de reincoporarse a los perceptores del subsidio agrario.
8.-El PER está en cuestión desde el primer momento, por ser un subsidio limitado a dos regiones, por el fraude a que dio origen cuando sus decisiones recaían en manos de los alcaldes, habitualmente socialistas, que lo convirtieron en un arma electoral en sus municipios, por el fraude cometido por muchos de sus beneficiarios que ponían sus "peonadas" a nombre de familiares dándose la circunstancia de una gran cantidad de mujeres mayores de 65 años que constaban como beneficiarias y por las diferencias que establece entre un parado no agrícola y un parado agrícola.
9.-Las posturas actuales van desde la izquierda socialista y comunista y sindicatos UGT, CCOO y SAT que reclaman la ampliación de los fondos destinados a obras municipales, a economistas prestigiosos que solicitan la desaparición del subsidio, negando que ello signifique desprotección alguna.