El parque de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), asciende a 70.000 viviendas, tanto para venta como para alquiler. De esos 70.000 inmuebles no se sabe cuántas están vacías pero, cuando menos, es de suponer que las viviendas nuevas que se ofertan en su web están desocupadas. Pues nada menos que hay, entonces, 5.162 inmuebles, tanto para venta como para alquiler, desocupadas. Almería cuenta con 1.181 viviendas; Cádiz, con 423, casi todas en alquiler; Córdoba, con 399; y Granada, con 475. En cambio, la mayoría de las viviendas en Huelva son para venta, donde EPSA tiene 224 inmuebles disponibles; al igual que Jaén, con 1.105, y Málaga, con 245. El parque de vivienda sevillano cuenta con 1.080 inmuebles. Según el PP, estas viviendas y las demás que estén realmente vacías, podrían ser una solución a los desahucios si cambia la gestión y la orientación de EPSA.
Sin embargo, la Junta ha desechado utilizarlas para los afectados de los desahucios. De hecho, se ha posicionado a favor del desalojo de las personas que han ocupado pisos de EPSA. En cambio, recuerda ABC, señala a los ayuntamientos y bancos para que pongan a disposición de los desahuciados sus respectivos parques de viviendas sociales, además de defender las ocupaciones de vivienda cuya titularidad no es suya. En el climax de la demagogia, la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), llegó a amenazar a la banca con sanciones si en un plazo de tres meses no ponían a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda sus viviendas sociales embargadas.
En el PP-A, sin embargo, reclaman a la Junta que se ejerza sus competencias en vivienda. La vicesecretaria de Ordenación del Territorio, Alicia Martínez, afirma que la Junta "no está haciendo absolutamente nada" en esta materia y "no destina ni un solo euro a las ayudas para frenar los desahucios". Es más, lo que ha hecho ha sido copiar la proposición del PP sobre la materia pero no ha querido llegar a un acuerdo conjunto por provenir la iniciativa del PP.
No hay ninguna partida para ello en los 130 millones que tiene de presupuesto para vivienda la Consejería de Fomento, que pone en evidencia lo que esta dirigente del PP-A llama "desmantelamiento" de estas políticas. Y es que la partida presupuestaria para esta cuestión se ha reducido de los más de 445 millones que contaba en 2011 a los 130 que hay previstos el próximo año. También ha caído el presupuesto de EPSA: ha pasado de 347 millones de 2011 a 119 para el próximo año.
La necesaria reorientación de EPSA
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, propuso el pasado 30 de octubre que la Consejería de Fomento, que lleva IU, impulse y gestione con eficacia el parque social de viviendas en Andalucía, así como que la Empresa Pública del Suelo (EPSA) se transforme y reoriente su actividad para dar respuesta a las familias andaluzas afectadas por procesos de desahucios y para que se dedique a eliminar la infravivienda y el chabolismo en la comunidad andaluza.
En este sentido, afirmó que realmente es necesario que EPSA transforme su actividad en una política social de vivienda y que la Consejería de Fomento promueva una mesa de diálogo y de negociación con la Plataforma en defensa de la construcción de Andalucía para dar respuesta a las necesidades de vivienda social.
Hay que garantizar, siguió Martínez, que en Andalucía haya una respuesta clara que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada especialmente a aquellas personas que están sufriendo con mayor dureza los efectos de la crisis económica y financiera y a los que han perdido su vivienda por procesos de desahucios.Por ello piden a la consejera de IU, Elena Cortés, un plan de choque que dé respuesta a la situación de ejecuciones hipotecarias y de desalojos de viviendas y que contemple en los presupuestos de la Junta de Andalucía unas líneas de ayuda financieras, préstamos o avales que vayan destinados a las familias que tienen abierto un proceso de negociación de su hipoteca con entidades financieras para que puedan mantener su vivienda y llegar a un acuerdo satisfactorio en ese proceso
La EPSA, un nido de nepotismo
Esta empresa convirtió durante 2006 87 contratos temporales en indefinidos, que no sólo en la mayoría de los casos suponían un fraude de ley, sino que de ellos se beneficiaron, muchos parientes, directos o indirectos, y amigos de directivos y trabajadores de este organismo público. 22 de los 87 contratos. Uno de cada cuatro admitidos era un familiar del personal de la Consejería de Obras Püblicas y 13 son parientes de trabajadores de EPSA.
De cinco contratos fijos se habían beneficiado cinco familiares de cargos de libre designación de esta empresa pública. Era el caso de Natividad Álvarez Alvarado, hermana de Miriam Álvarez Alvarado, jefa de departamento de recursos humanos; pero también de Patricia Candau García, cuñada de Dolores de Pablo Blanco, subdirectora de gestión de patrimonio; y de Antonio Galán Pedrola, hermano de Consuelo Galán Pedrola, gerente de espacios públicos. También tenían vínculos familiares dentro de EPSA los contratados Patrocinio García Castro, hermana de Hilario García Castro, coordinador de áreas de rehabilitación; y Carmen Moruno Gómez, hermana de Isabel Moruno Gómez, secretaria de dirección de esta empresa pública de la Junta.