Las arcaicas huelgas generales que aún se celebran en España tienen tres grandes campos de batalla: los transportes, las televisiones públicas y la propaganda de las cifras.
Cualquier manual sindical dice que para bloquear el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo es fundamental paralizar a primera hora los medios de transporte público y lograr que las televisiones se vayan a negro, es decir, paralicen su programación habitual. Para ello, naturalmente, es imprescindible contar con los amables piquetes informativos, conformados en su mayoría por los más de 230.000 distinguidos liberados sindicales, a los que ese día nadie puede echar en cara que sean carne de cañón del absentismo.
El otro pulso importante es el de la guerra de cifras. El primero que habla es el que lidera la opinión pública, y eso lo saben los sindicalistas. Hay que lanzar cuanto antes una cifra, y, lógicamente, debe ser muy alta para generar un clima favorable. Hace años nos creíamos a pies juntillas las cifras que aportaban los sindicatos, pero ahora la ciudadanía alberga serias dudas debido a que la exageración alcanza niveles ridículos. En cualquier caso, los números que se aportan desde diferentes instituciones sólo son percepciones, es decir, carecen de cualquier matiz científico y no están basados en datos oficiales. Por lo tanto, resulta imposible descalificar oficialmente cualquier dato. Bueno, resulta imposible ese día, porque varios meses después contamos con una cifra absolutamente oficial, que nos aporta la Tesorería General de la Seguridad Social.
En concreto, la Ley General de la Seguridad Social dice: "La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga general y cierre patronal". Esto significa que el empresario debe comunicar a la Seguridad Social, durante los seis días posteriores a la huelga, aquellos trabajadores que legítimamente han participado en la misma, porque en el tiempo que dura la huelga no existe obligación de cotizar.
Pues bien, ya se han publicado los datos de los trabajadores que no cotizaron el día de la penúltima huelga general política, la que se celebró el 29 de marzo de este mismo año. Aquel fatídico día los sindicatos UGT y CCOO declararon que la huelga había sido un gran éxito porque había contado con un respaldo del 77% de los trabajadores, y que se habían sumado al paro exactamente 9.100.000 trabajadores.
Pues bien, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, eso no es cierto. Este organismo oficial señala que quienes no cotizaron ese día y, por lo tanto, ejercieron su legítimo derecho a la huelga fueron sólo 840.982 trabajadores. Esta cifra responde a un pírrico 4,9% del total de los ocupados en aquella fecha, que son algo más de 17 millones. Lo demás fue ruido y propaganda.
Por cierto, que quien se ocupó de trasladar la versión sindical de los datos de seguimiento de la huelga no tuvo un buen día, porque el 77% de los trabajadores no se corresponde con esos 9.100.000 trabajadores de los que hablaron. El 77% son más de trece millones de ocupados, y esos nueve millones y pico corresponden al 53%. No cuadra nada. Pura chapuza.
Incluso las organizaciones empresariales nos equivocamos. Nosotros indicamos que nuestra percepción era de un 12% de seguimiento, lo cual corresponde a dos millones de trabajadores. Así que fuimos extraordinariamente generosos, porque aportamos una cifra que más que duplicaba la cantidad real.
Insisto, el 29 de marzo, según los datos oficiales de la Seguridad Social, accesibles a través de internet, sólo fueron a la huelga general 840.982 trabajadores (un 4,9% de la población ocupada). Esa es la cifra oficial.
Sin embargo, no faltaron contenedores de basuras ardiendo, 176 detenciones, decenas de heridos, duros enfrentamientos en nuestras calles; el Ibex bajaba, la prima de riesgo escalaba por encima de los 365 puntos básicos; las empresas sufrieron pérdidas, hubo tensión en algunos centros de trabajo por la labor agresiva de los piquetes; dueños de pequeños establecimientos fueron insultados, y al exterior se transmitió una imagen de caos, lo cual sólo consigue que España pierda posiciones en las listas de países susceptibles de recibir inversiones.
Ya sé que esto ahora no será objeto de portadas en el Financial Times o en The Wall Street Journal, y que el daño a nuestras empresas está hecho; pero sí me parece relevante que el Ejecutivo de Rajoy sepa leer estas cifras y entienda que debe continuar con su política reformista, pero con mayor convicción. Como hizo Tony Blair cuando se puso el mono de líder y se convirtió en Mister Back Me or Sack Me (apóyame o despídeme). Defendió la aplicación de sus reformas no sólo ante los ciudadanos sino ante sus correligionarios, más allá de dogmatismos partidistas y pensando en el progreso del Reino Unido.
En España estamos en una situación en la que el tejido productivo, elemento clave para el crecimiento y para sostener el Estado del Bienestar, necesita más reformas que favorezcan la competitividad de nuestras empresas y la puesta en marcha de otras muchas para atraer inversiones que generen riqueza y empleo para todos.