¿Para qué pagamos impuestos? Esta pregunta siempre es importante, porque las distintas respuestas que se puedan ofrecer afectan a cuestiones tan fundamentales como la libertad, el bienestar social, la creación de empleo y el buen funcionamiento de la economía; pero hoy por hoy adquiere una relevancia especial, ante la necesaria política de ajuste presupuestario que debe llevar a cabo el Gobierno. De la respuesta que ofrezca el Ejecutivo a la misma se derivará el apoyo o el rechazo de la población a las medidas de ajuste.
Si uno pregunta a cualquier ciudadano, la respuesta más probable es que la gente paga impuestos para tener una buena sanidad pública, una buena educación pública y una buena pensión. Esas son las cosas que de verdad importan, y por las que muchos consideran justificado tener que entregar parte de sus ingresos a la Hacienda Pública; en buena lógica, deberían conformar la terna de prioridades del Gobierno a la hora de aplicar la tijera al gasto.
En cambio, para Rajoy, su equipo y su partido –como para los socialistas– las prioridades son otras muy distintas, empezando por la de mantener como sea todo ese sistema de dádivas y mamandurrias en torno a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De esta forma nos encontramos con que buena parte del grueso del ajuste presupuestario se está cargando sobre la sanidad, la educación y las pensiones. Las dos primeras partidas han experimentado recortes de gasto, mientras que las pensiones se han congelado o subido tan sólo un 1% (frente a una inflación de más del 3% este año), después de que los socialistas las congelaran. Las justificaciones que se presentan son variopintas: que si con la demografía actual son insostenibles los sistemas públicos de sanidad y pensiones, que si los profesores hacen o dejan de hacer esto o aquello, etc. Pero todo esto lo que justifica es la adopción de reformas en profundidad de los modelos vigentes en lo relacionado con sanidad, educación y pensiones, no recortes del gasto en esos capítulos para reducir el déficit público, mientras siguen abiertas miles y miles de empresas y entidades públicas, mientras autonomías y ayuntamientos siguen derrochando el dinero público, o sea, el de todos los contribuyentes, en políticas y subvenciones de todo tipo que son lujos que, con la que esta cayendo, este país ya no se puede permitir.
No es de extrañar, por tanto, que muchos ciudadanos protesten por la privatización de la sanidad o por la moderada subida de las pensiones. No pagamos impuestos para mantener las autonomías y los ayuntamientos, con su pléyade de empresas y organismos públicos para colocar a familiares, amigos, correligionarios y allegados; pagamos impuestos para tener buenos servicios públicos y buenas pensiones, no para que los políticos y los sindicatos tiren el dinero como lo están tirando o se lo lleven crudo como se lo están llevando.