La Audiencia Nacional ha bloqueado hasta ahora unos 50 millones de euros en metálico y en cheques al portador que el entramado de Ángel de Cabo intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y de otras vinculadas directamente a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, ya fallecido.
Según informaron a Efe fuentes de la investigación, la mayor parte de esa cantidad tiene su origen en el negocio de transporte aéreo, cuyo máximo exponente era la aerolínea Air Comet, o en Trapsa, la compañía de transporte terrestre que fue el germen del grupo Marsans, aunque también en patrimoniales como Holdisan y Grudisan, propiedad de Díaz Ferrán.
Díaz Ferrán y Pascual vendieron a Ángel de Cabo el grupo turístico en junio de 2010 dentro de un pacto para que el valenciano les ayudara a ocultar bienes y evadir capitales hacia paraísos fiscales para evitar pagar a los acreedores de Marsans, que atesoran unas deudas superiores a 1.000 millones de euros contra Teinver, Viajes Marsans, Tiempo Libre, Viajes Crisol y Rural Tours.
Dentro de esa operativa, que los investigadores califican de muy burda al principio pero de mayor sofisticación en los últimos tiempos, jugó un papel fundamental Esser Internacional 21, la sociedad de la que dependen gran parte de los bienes de Ángel de Cabo.
Esa sociedad estaba administrada por su cuñado Teodoro Garrido, uno de los nueve detenidos en la "Operación Crucero", entre los que también destaca Iván Losada, la mano derecha de Ángel de Cabo en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, Teconsa o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique, además del financiero Carmelo Estéllez Jimenez.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos, que tenían bajo vigilancia policial principalmente a Díaz Ferrán y a De Cabo (este último por riesgo de fuga), decidieron no retrasar más las detenciones ante las extrañas maniobras realizadas en los últimos días por los ahora imputados, según fuentes de la investigación.
La Audiencia Nacional investiga el paradero de otros bienes de Díaz Ferrán y Pascual en el extranjero, para lo que ha enviado comisiones rogatorias a Suiza, Irlanda, Liechtenstein y Panamá, entre otros países.