Repsol ha presentado una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por la expropiación del 51% de YPF, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
La demanda se presenta una vez transcurrido el plazo de seis meses que se reserva en estas ocasiones para que la parte demandante exprese sus quejas ante la demandada y facilite un arreglo de sus diferencias.
El Gobierno argentino anunció en abril de este año la intervención de YPF, así como la creación de una nueva ley para expropiar a Repsol un 51% de la compañía. La norma fue aprobada por el Parlamento argentino en mayo.
Como desde ese momento no se ha producido el arreglo de las diferencias, Repsol y Repsol Butano han decidido presentar ante el Ciadi la solicitud de inicio de un procedimiento de arbitraje contra la República Argentina por violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República Argentina de 1991, explica la petrolera española.
El escrito de solicitud de arbitraje recoge de manera resumida las cuestiones de hecho y de derecho que deben ser consideradas. Tras este trámite, el Ciadi procederá a su registro y se lo notificará a las partes que, una vez constituido el tribunal de arbitraje, deberán presentar sus escritos de alegaciones completos sobre el fondo del asunto.
En sus escritos de alegaciones, Repsol y Repsol Butano concretarán las reparaciones y compensaciones que reclamarán a Argentina, "sin perjuicio de la posibilidad de las partes de poner fin al procedimiento en cualquier momento en caso de alcanzarse un acuerdo entre ellas", señala.
El Ciadi, con sede en Washington, es una de las cinco organizaciones que integran el Banco Mundial y es la principal institución en materia de arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales.
El Gobierno argentino anunció en abril de este año la intervención de YPF, así como la creación de una nueva ley para expropiar a Repsol un 51% de la compañía. La norma fue aprobada por el Parlamento argentino en mayo.