La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) se encuentra "muy preocupada y muy decepcionada" con las enmiendas que el PP ha presentado en el Senado a la fiscalidad eléctrica, ya que suponen un nuevo "castigo" del Gobierno a las eléctricas, indicó el presidente de la patronal, Eduardo Montes, en declaraciones a Europa Press. Montes lamentó que las eléctricas "no parezcan una prioridad" para el Ejecutivo, pese a los 3.000 millones anuales que invierten en el país, a sus 50.000 empleos directos y sus 100.000 empleos indirectos, y aseguró que la nueva fiscalidad es "el tercer castigo" que se les impone en lo que va de año.
"El problema es que no se nos considere industriales" y se aplique por ello un aumento "muy grave" de la fiscalidad, no solo mediante el incremento del 6% al 7% en el impuesto a la generación eléctrica, sino también mediante "tasas altísimas en todo", señaló. "Tenemos que garantizar el respaldo y el suministro eléctrico, y encima nos fríen a impuestos. Además, debemos financiar un déficit de tarifa que no hemos creado nosotros y que, si no se soluciona todo esto, no sé si las compañías estaremos en condiciones de seguir financiándolo", afirmó.
El presidente de Unesa aseguró también que las compañías eléctricas ya se encuentran "económica y financieramente agotadas", de modo que les resulta inevitable mostrarse "molestas con el trato" que están recibiendo. El resultado de los gravámenes es que "las tecnologías más eficientes y competitivos, como la nuclear, los ciclos combinados, el carbón o la hidráulica, se encuentren en una situación muy precaria", afirmó. Frente a estas tecnologías, Unesa no puede "entender" el continuado aumento de las primas a las renovables, cuyo incremento durante el presente ejercicio se sitúa por encima del 26% a pesar del contexto del sector.
El presidente de la patronal eléctrica señaló que los nuevos impuestos hacen "un daño tremendo" y obligan a tecnologías como la nuclear a "provisionar cientos de millones de euros". La nueva ley, explicó, añade más de un nuevo impuesto tanto a esta fuente de energía como a los ciclos combinados de gas o la hidráulica. Montes también lamentó que las propuestas planteadas por su asociación a los grupos políticos del Senado "no hayan sido atendidas", a pesar de que "no reducían la recaudación", y advirtió de que la tasa nuclear podría incluir elementos retroactivos en su redacción. "Hay mucho cuidado en la retroactividad para algunos, pero para otros parece que importe menos", señaló a este respecto, antes de calificar de "curiosa" esta situación.
6.500 millones de déficit
Por otro lado, Unesa calcula que el déficit de tarifa de este año alcanzará los 4.500 millones de euros y que el de 2013, lejos de situarse en los cero euros previstos por el Gobierno, podría rondar los 2.000 millones, de modo que en apenas dos ejercicios la deuda de los consumidores con el sistema eléctrico se habrá elevado en cerca de 6.500 millones de euros.
Montes, advirtió de las dificultades de las eléctricas para financiar esta deuda y se mostró partidario de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asuman algunos de los costes hasta ahora imputados a la tarifa eléctrica, entre ellos las actividades extrapeninsulares o los excedentes de déficit. "Este año el extradéficit estará por encima de los 3.000 millones y el año que viene estamos viendo un déficit de tarifa de 5.000 millones y pico. ¿De dónde va a salir el resto? La única posibilidad es encajar en los PGE los costes extrapeninsulares y el déficit anterior", afirmó Montes.
En concreto, Unesa calcula que en 2013 la tarifa eléctrica será deficitaria en "5.000 o 5.600 millones", si bien a esta cifra deben restárseles los "cerca de 3.000 millones" que el Gobierno espera recaudar con la nueva fiscalidad eléctrica y 500 millones procedentes de los ingresos de las subastas de CO2. De esta forma, el resultado serán 4.500 millones de desajuste en 2012, de los que 1.500 millones corresponden al tope legal fijado por ley y 3.000 millones al exceso de déficit, así como una cifra para 2013 que podría rondar los 2.000 millones. De estos 6.500 millones en 2012 y 2013, solo existe el compromiso de titulización en los mercados de 1.500 millones.