La reforma laboral de Rajoy, que ha sido utilizada recientemente por UGT Andalucía para despedir a 20 empleados a pesar de manifestarse en la calle contra ella, supera ampliamente las garantías sociales que utiliza la Junta de Andalucía, ya que ésta ha consentido despedir a contratados suyos con una indemnización de 8 días por año.
Ha ocurrido en el Servicio Andaluz de Empleo y por medio de carta. Este servicio ha enviado cartas a los 413 asesores de empleo que atienden a parados en sus oficinas, anunciándoles que finalizará su contrato el 31 de diciembre próximo y que no se les va a renovar.
Estos trabajadores, según ABC, empezaron a trabajar en octubre de 2008 a través de una oferta pública y su contrato ha ido prorrogando al amparo de un programa que financia el Gobierno central hasta finales de año. El organismo dependiente de la Consejería de Empleo los despedirá con una indemnización equivalente a ocho días de salario por año de servicio en la empresa, en torno a 2.256 euros.
Sin embargo, a pesar de que ha habido sentencias reconociendo la condición de "indefinidos" a sus contratos, la Consejería de Empleo aduce que se trata de "la propuesta de indemnización legalmente establecida" para los contratos temporales.
Para los afectados, se trata de un "fraude de ley" puesto de manifiesto por la rotunda condena del Juzgado de lo Social número uno de Córdoba en una sentencia del 17 de enero pasado. La citada resolución, muy contundente, afectaba a dos trabajadoras del SAE que denunciaron que tenían un contrato (por obras y servicios) con tres prórrogas, cuando, en realidad, desempeñaban las funciones habituales del resto del personal laboral o funcionarios que atienden a los desempleados que pasan cada día por las dependencias del SAE.
Este fallo ha dado esperanzas a los 411 trabajadores que se encuentran en la misma situación y que fueron seleccionados cumpliendo rigurosamente el VI convenio del personal laboral de la Junta. De hecho, unos 150 presentaron reclamaciones ante la agencia pública como paso previo a la vía judicial.
Por ello, resulta anómalo e inexplicable que en estas circunstancias la Junta opte por un despido con 8 días de indemnización. Sus funciones consistían en ofrecer orientación laboral a desempleados diseñando visitas a empresas y actuar intermediarios entre posibles contratadores. Sin embargo, el SAE les encomendó otros cometidos porque ya contaba para esas tareas con personal de la red Andalucía Orienta.
La situación de estos trabajadores constituye un agravio con respecto al personal subrogado procedente de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo de Andalucía (Faffe), que seguirán trabajando en las oficinas a pesar de haber entrado en la agencia SAE después y sin haber superado ningún concurso de méritos u oposición. Este personal de la Faffe utiliza claves de acceso a los programas informáticos que manejan los empleados del SAE y asesora a los parados para que sellen su cartilla del paro por internet.