España no es, ni mucho menos, el único país de Europa que ha sufrido una burbuja inmobiliaria. Dentro de la Zona Euro comparte ese honor con Irlanda. Pero en los mismos años en que este problema se gestaba, desarrollaba y explosionaba, un país como Ucrania experimentaba una situación similar. Sin embargo, allí el sistema crediticio ni corría el peligro de desaparecer como consecuencia del fin de la burbuja, como ha sucedido en España e Irlanda; ni, por supuesto, el Estado ha tenido que acudir en su auxilio.
¿Por qué esta diferencia con los casos irlandés y español? Muy sencillo, porque allí si un banco quiebra, quiebra con todas las de la ley y nadie acude a su rescate. Eso provocó que las entidades crediticias ucranianas mantuvieran unas prácticas de prudencia, como no dar a nadie un crédito hipotecario cuya letra mensual superase el 25% de los ingresos familiares –porque, en caso de crisis, las familias no podrían devolver el dinero, y entonces el banco quebraría– o no conceder hipotecas a plazos superiores a los diez años, para evitar ese mismo tipo de problemas, etc. El resultado es que, cuando estalló la burbuja ucraniana, los bancos no se vieron condenados a sufrir pérdidas ingentes ni nada por el estilo, porque habían sido razonablemente prudentes en la concesión de créditos hipotecarios, y no digamos ya al sector inmobiliario, porque sabían que, en caso de problemas, estaban condenados a la quiebra y nadie iba a rescatarlos.
En España, en cambio, los gestores de las cajas de ahorros han hecho cuanto les ha venido en gana porque sabían que, dada su naturaleza política, nadie las iba a dejar caer, al menos mientras su salvación dependiera del Gobierno. En consecuencia, las entidades se olvidaron de las prácticas bancarias de prudencia que deben caracterizar su funcionamiento y empezaron a conceder créditos por más del 70 u 80% del valor de la vivienda (la prudencia aconseja no prestar a quien antes no puede pagar la entrada del piso, porque demuestra que no es capaz de ahorrar y, por tanto, suscita dudas sobre su capacidad de devolver el crédito), sin tener en cuenta la solvencia de quien lo solicitaba, ni su nivel de renta, ni que plazos de devolución tan largos como treinta o cuarenta años suponen un riesgo muy elevado. Y no digamos ya con relación a los promotores, los cuales acudían a su caja en busca de préstamos que financiasen el cien por cien de los costes de construcción y que incluyesen su beneficio. De hecho, una parte del problema de muchas cajas con los créditos a promotores es que lo primero que hicieron éstos fue cobrar sus ganancias, sin haber siquiera empezado a construir, de forma que cuando llegó la crisis habían consumido más dinero del crédito que los gastos en que, efectivamente, habían incurrido.
Ahora, la Unión Europea impone duras condiciones a las cajas que van a ser rescatadas con dinero comunitario. Pero lo que habría que hacer, de cara al futuro, son dos cosas. La primera de ellas, dejar bien claro que aquí no se rescata a nadie, para que todo el mundo aprenda la lección; la segunda, mejorar la supervisión de estas entidades, porque en cuanto pueden hacen de las suyas. Este no es un problema tan solo de política monetaria laxa por parte del BCE; es, sobre todo y ante todo, el problema de creer que los delincuentes pueden autorregularse para no delinquir.