Los resultados de las elecciones catalanas han abierto un importante periodo de grandes incertidumbres, no solo políticas, también económicas.
Como todo el mundo recuerda, Artur Mas lanzó el órdago soberanista para tratar de conseguir ese pacto fiscal con el que eludir los ajustes presupuestarios que, inevitablemente, tiene que acometer la Generalitat, porque en las circunstancias actuales resulta imposible seguir financiado los servicios y políticas públicas a cargo de la autonomía, conjuntamente con los inmensos gastos destinados a financiar la promoción y extensión del nacionalismo y con la corrupción galopante que caracteriza a las instituciones públicas catalanas. Mas no ha encontrado en el votante catalán el apoyo masivo que requería para seguir adelante con el pulso al Gobierno de la Nación, sino todo lo contrario. De hecho, después de los malos resultados que cosechó el pasado domingo lo suyo hubiera sido que dimitiese. Por desgracia, lejos de ello, quiere seguir en el poder, lo que implica mantener el desafío en materia fiscal y presupuestaria.
Para complicar más las cosas, Mas, o CiU, busca en ERC el apoyo que necesita para seguir al frente de la Generalitat, y ERC está poniendo precio a sus votos advirtiendo que no apoyará las políticas de recorte del gasto público. El PSC, que podría ser una segunda opción, insiste en lo mismo. En consecuencia, lo que cabe esperar a partir de ahora es la contestación permanente de Cataluña a la necesaria política de saneamiento presupuestario, suponiendo que las cosas no lleguen, incluso, a la rebelión fiscal.
¿Por qué puede ponerse la situación tan tensa? Pues no solo por lo exacerbado que está en estos momentos el sentimiento nacionalista, sino, sobre todo y ante todo, porque el año que viene vencen 23.000 millones de euros de deuda patriótica catalana. La Generalitat carece de los recursos necesarios para devolver ese dinero y los mercados, a partir de ahora, se van a poner muy duros con Cataluña por su negativa a ajustar sus cuentas públicas y, especialmente, por el temor a que se materialicen sus amenazas soberanistas y lleven su economía a una crisis de dimensiones similares a la que se produjo en los países excomunistas cuando cayó el Muro de Berlín.
Aquí es donde viene el problema para el Gobierno de Rajoy. Mas va a tratar de que España le financie ese dinero para después, en caso de independencia, repudiar dicha deuda, porque no sería una deuda con los mercados, sino con la odiada España. Por ello, tal y como están las cosas en estos momentos, habría que cerrar el acceso de Cataluña al fondo de rescate de las autonomías hasta que aclaren qué es lo que va a pasar y se garantice que la Generalitat, con independencia o sin ella, devolverá ese dinero. Porque igual que Pujol decía, injustamente, que Cataluña no puede seguir siendo a la vez la puta y la Ramoneta, España tampoco puede seguir siéndolo en lo referente a Cataluña.