Hecha la ley, hecha la trampa. Este dicho se podría aplicar a la perfección a la financiación de los partidos políticos en España, con la ventaja añadida de que, en este caso, son estas mismas formaciones las encargadas de regular por ley su propia contabilidad, lo cual facilita aún más su incumplimiento, tal y como muestra el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre los estados contables de los partidos políticos y sus fundaciones asociadas, correspondiente a 2007.
Este estudio, a diferencia de lo que sucede con los sindicatos -cuyas cuentas no son fiscalizadas-, supervisa la financiación obtenida por 17 partidos políticos con representación en el Congreso, otros 15 con representación en las Asambleas de las CCAA y un total de 26 fundaciones ligadas a los partidos presentes en las Cortes Generales. Es decir, un total de 58 entidades, quedando excluidas la mayoría de formaciones locales y fundaciones ligadas a la administración territorial (a las que el tribunal dedica un apartado especial).
Financiación pública y privada
Los recursos de dichas formaciones proceden, básicamente, de tres fuentes:
1. Subvenciones públicas: para gastos electorales, de funcionamiento, propaganda y seguridad, en base al número de escaños y votos conseguidos en las últimas elecciones, tanto a nivel estatal como autonómico. En 2007, percibieron por estos conceptos algo más de 281 millones de euros. En concreto, 209 millones para su funcionamiento ordinario, unos 62 millones en subvenciones electorales y 9 millones a los partidos andaluces para divulgar la reforma de su Estatuto de Autonomía.
2. Financiación privada: aquí se incluyen las cuotas y aportaciones de afiliados y simpatizantes; sus actividades propias (gestión de su patrimonio, promociones, servicios específicos, etc.); y las donaciones, en dinero o especie. En total, casi 68 millones de euros en 2007, de los que 40 millones corresponden a cuotas, otros 11 a donaciones privadas y el resto a actividades propias de los partidos.
3. Préstamos: la tercera pata de la financiación partidista son los créditos concedidos por entidades financieras. La deuda viva de las formaciones ascendía en 2007 a casi 226 millones de euros.
De este modo, la financiación total de los partidos se situó, incluyendo deuda, en casi 580 millones de euros. Excluyendo los créditos vivos, los partidos ingresaron unos 350 millones, procediendo la mayor parte del dinero (el 80%) de subvenciones públicas.
Como es lógico, PP y PSOE son los que manejan los mayores importes, con 221 millones de euros (casi 111 cada formación), el 38,2% del total. Excluyendo los créditos, las subvenciones del PP ascendieron a 95 millones y las del PSOE a 91 millones; la financiación privada del PP fue de 17 millones, y la del PSOE de 18,3 millones.
El siguiente gráfico recoge las distintas partidas ingresadas en 2007 por los partidos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Fuente: gráfico elaborado por @Absolutexe
Opacidad e irregularidades
Pero lo más destacable del estudio, más allá de las cuantías percibidas por cada entidad, son las observaciones que realiza el órgano fiscalizador del Estado en cuanto a la financiación de las formaciones. Así, advierte de que la inmensa mayoría de partidos, tanto a nivel estatal como autonómico, o bien "no incluyen ninguna información" en las memorias remitidas al Tribunal sobre la relación de subvenciones y donaciones recibidas, así como los detalles de las condiciones de los préstamos, o bien esta información "está incompleta", lo cual viola la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de partidos políticos.
También señala que "ninguna de las formaciones" ha rendido al tribunal los debidos mecanismos de control interno que exige la ley para "garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos" relacionados con los ingresos y gastos. Además, las formaciones no detallan en sus cuentas anuales la financiación de sus formaciones locales, con lo que la opacidad en este ámbito es notable. Tampoco contabilizan debidamente las donaciones privadas, ya que no se ingresan en cuentas específicas al efecto como establece la ley.
Por último, advierte de que, en materia de créditos, "figuran operaciones que no han sido objeto de amortización en los plazos previstos", lo cual se traduce en condonación (perdón) de deudas por parte de las entidades. Y ello, sin contar los bajos intereses que pagan (apenas un 0,4% anual).
Otros datos que llaman la atención son los 6,2 millones de euros ingresados por el PSOE en concepto de compensación por los bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil; la participación mayoritaria que mantienen Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Eusko Alkartasuna (EA) y PNV en "diversas sociedades mercantiles", lo cual prohíbe explícitamente la ley; y, sobre todo, la incapacidad del Tribunal de Cuentas para imponer sanciones a los partidos por incumplir la normativa sobre financiación, ya que a los legisladores se les olvidó desarrollar en la ley, precisamente, el apartado sobre la tipificación y prescripción de las infracciones susceptibles de sanción. De este modo, evitan, en la práctica, los posibles mecanismos sancionadores.
Descontrol en las fundaciones
En materia de fundaciones políticas, sucede más de lo mismo. El informe alerta de las "dificultades" para identificar las asociaciones que deben someterse a fiscalización. Además, esta supervisión no se puede efectuar, según la ley, sobre las obligaciones contables y, por tanto, la rendición de cuentas, de dichos entes. Es decir, eluden la fiscalización económico-financiera, ya que ésta se centra exclusivamente en las donaciones (excluyendo el resto de actividades y recursos).
Otro límite llamativo es que el Tribunal de Cuentas tan sólo puede revisar (muy parcialmente) las fundaciones de los partidos con representación en las Cortes Generales y, por tanto, no puede entrar en las fundaciones autonómicas y locales de los partidos. La opacidad aquí es casi total, ya que el tribunal no puede revisar las donaciones que aportan a estos entes territoriales las "empresas privadas que [...] presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público". Véase el caso Palau de la Música de Cataluña, por ejemplo.
Por último, el informe también destaca que, al igual que sucede con los partidos, el tribunal carece de potestad para poder sancionar a las fundaciones políticas, ya que dicho régimen sancionador sólo se aplica (en teoría) a los entes que reciban subvenciones anuales para sus gastos de funcionamiento (partidos políticos).