Ha costado, pero puede que por fin el Gobierno haya tenido una buena idea: sacar a la venta permisos de residencia. Es verdad que lo ha hecho de manera incompleta y vinculada a su declarada obsesión por tratar de dar salida al gigantesco stock inmobiliario, en un intento por frenar la imprescindible caída del precio de la vivienda y, en última instancia, reducir el coste del rescate estatal a la banca, pero al menos se ha movido en la dirección correcta. Mucho mejor sería conceder la residencia a quienes invirtieran esa misma cantidad en cualquier otro sector productivo, o incluso a quienes se ofrecieran a adquirirla por ese precio al Fisco, contribuyendo así a aumentar los ingresos no impositivos y cerrar nuestro gigantesco déficit: en Estados Unidos, por ejemplo, es posible obtener el permiso de residencia EB5 invirtiendo entre 500.000 y un millón de dólares en la creación de una empresa con al menos 10 trabajadores.
Es probable que la medida no guste ni a quienes ven cualquier inmigración como una amenaza y postulan el cierre total de las fronteras ni a quienes tienden a observar casi toda inmigración como una oportunidad para acoger emprendedores de todo el mundo y, en consecuencia, preferirían unas fronteras totalmente abiertas, sin discriminaciones de ningún tipo. Pero, pese a no contentar absolutamente a nadie, debería resultar aceptable a todo el mundo.
Quienes ven en la inmigración una amenaza económica y cultural pueden encontrar sosiego en el requisito de la adquisición de una vivienda de al menos 160.000 euros, lo que hará las veces de filtro y tenderá a atraer a individuos de clase media-alta. A la postre, para éstos será como comprar un inmueble en una urbanización de cierto nivel y entrar a formar parte de la comunidad de vecinos (aunque sólo adquirirán derechos políticos de manera incompleta). Quienes, por otro lado, consideramos que las condiciones de entrada deberían ser bastante más laxas (no necesariamente inexistentes) tendremos que admitir que, al menos, se trata de una buena decisión que abre un poco la mano en materia de adquisición de derechos de residencia: si no pueden ser muchos, al menos que sean algunos.
Desde un punto de vista estrictamente económico, la medida tiene sentido por dos motivos. El primero es que da mayor amplitud a la demanda potencial de inmuebles españoles: si hasta ahora los compradores potenciales finales sólo podían ser españoles, comunitarios y extracomunitarios con permiso de residencia, tras esta medida el mercado tomará un alcance verdaderamente mundial: cualquier persona podrá adquirir una vivienda en España y residir aquí, con independencia de su lugar de procedencia. Siendo cierto que nuestro país debe incrementar sus exportaciones para salir de la crisis, y que entre nuestras principales exportaciones se encuentran el buen clima y los bellos parajes (como queda reflejado en el turismo), no tiene demasiado sentido no aprovechar esta ventaja competitiva: vendamos a todo el mundo que lo desee no el servicio de una estancia temporal (turismo), sino el de una estancia permanente (residencia).
El segundo es que, al menos hasta ahora, residir en Occidente tiene un valor económico notable: no todos los sistemas institucionales son igual de respetuosos con la propiedad privada y las libertades individuales, y, por tanto, con independencia del entorno natural y social, el derecho de residencia en Estados de Derecho es un activo intangible cuyo valor de mercado desconocemos porque no se permite un mercado de compraventa sobre el mismo. Pero ese activo tiene un indudable valor, por el que mucha gente estaría dispuesta a pagar. Es verdad que, en esto, España no es precisamente un modelo dentro de Occidente, y que bien podría terminar siendo un ejemplo precisamente de cómo socavar los pilares de un Estado de Derecho. Mas, incluso así, nuestro sistema institucional todavía está por encima del de otras sociedades donde uno no se puede expresar con libertad en multitud de aspectos, o donde el Gobierno tiene un carácter aún más arbitrario y dictatorial. De nuevo, sería absurdo no tratar de capitalizar este activo intangible en estos momentos de depresión económica, aunque sea de manera limitada al mercado inmobiliario (como digo, sería preferible extenderlo a todo ámbito empresarial).
En general, pues, se trata de una de las pocas medidas acertadas de este Gobierno en su primer año de mandato. No será un revulsivo contra la crisis, pero desde luego no pondrá ningún palo en las ruedas de la recuperación; al contrario, más bien le dará un empujoncito.