El Gobierno está obligado a "consultar" a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE) antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios, según han resaltado este miércoles fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario avisa de que, para ser aceptada por la UE, la reforma no debe suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca o de lo contrario tendrá que compensarse con otros mecanismos. Además, debe respetar las normas de la UE sobre competencia.
La consulta con Bruselas de cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero es una de las condiciones para el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros aprobado por la UE y así se recoge en el memorándum de entendimiento firmado por España.
Las autoridades españolas "se comprometen a consultar ex ante con la Comisión Europea y el BCE sobre la adopción de toda política relativa al sector financiero que, no estando incluida en este memorándum, pueda incidir sensiblemente en la consecución de los objetivos del programa", dice el memorándum.
"Se solicitará igualmente el dictamen técnico del Fondo Monetario Internacional", agrega. El Ejecutivo comunitario estima que los cambios en la ley hipotecaria que estudia el Gobierno afectan al sector financiero y por tanto están cubiertos por esta obligación de consulta previa.
Las autoridades españolas están en contacto permanente con los funcionarios de la UE sobre la reforma del sector bancario, pero a las fuentes consultadas no les consta que el Gobierno haya comunicado ya oficialmente a Bruselas ningún proyecto de reforma.