Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, ha comentado en esRadio las palabras del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en las que afirmó que la norma de los desahucios no podrá ser retroactiva.
"Lo que están diciendo" es lo que ya se dice en la regulación actual fijada al código de buenas prácticas en la que "solamente se permiten determinadas resoluciones del problema en casos de penuria económica extrema", señala. "Lo que están valorando es ampliar el abanico a un espacio mucho más amplio que el actual porque en caso contrario cualquier reforma quedaría vacía de contenido".
"Moliner ha dicho esta mañana que es complejo regular de forma retroactiva en las situaciones contractuales vigentes", pero "entendemos que a pesar de que existe complejidad es perfectamente posible", añade. Según Bosch, "nuestras disposiciones normativas únicamente prohíben esa retroactividad ante normas penales o sancionadoras limitativas de derechos individuales".
Sin embargo, "en el ámbito civil es posible acordar normas que tengan efectos retroactivos y no cabe duda que eso puede perjudicar las expectativas de las entidades bancarias," ha expuesto el portavoz de Jueces para la Democracia. "Cuando planteamos la retroactividad" es por "figuras como la dación en pago, que no estaban reguladas en el momento de la contratación" y que "pudieran aplicarse a los contratos que ahora están en marcha". Eso haría que "fuesen retroactivas" para los desahucios que no se han ejecutado, afirma.
La modificación de la ley
Sobre la inmediatez del cambio legislativo, añade que "hay cuestiones diferentes y todas son muy importantes", y entre ellas "algunas que son urgentes y otras que son estructurales", y que la Unión Europea obligará a modificarlas.
Así, "entre las urgentes, se debería aprobar una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias en los supuestos de las familias que no cuenten con unos recursos determinados". Cree que "se deberían valorar a través de una serie de parámetros para evitar más desalojos" y que "tendría que ser un acuerdo de Estado de carácter social".
Bosch ha contado que "si tenemos que ponderar los derechos en conflicto" es algo que "tendría que afectar a todos los bancos porque, de una forma u otra, todos han tenido importantes ayudas económicas". Según Bosch, "es proporcionado que toda la sociedad pueda reclamar a las entidades bancarias en su conjunto que acepte determinadas medidas de protección social de sus ciudadanos".
Las entidades bancarias responsables
También ha comentado que "lo que han hecho algunas entidades bancarias ha sido una actitud responsable" por "suspender todo tipo de acciones de desalojo". Cree que "en estos momentos hay que apelar a la prudencia y a la responsabilidad de las entidades bancarias".
En este sentido, señala que "también los jueces podemos hacerlo" porque "las últimas informaciones sobre el dictamen de la abogacía general indica que nuestra legislación hipotecaria puede ser contraria a la legalidad de la UE". Bosch ha explicado que "esto es razón más que suficiente para que los jueces puedan paralizar cualquier tipo de procedimiento a través de la cuestión prejudicial de la UE".
Sin embargo, alerta de que "hay un problema estructural muy grave de nuestro sistema procesal hipotecario". Y es que, "a diferencia de otros ordenamientos de nuestros países vecinos, en España el ciudadano no puede alegar nada en su defensa". Por eso ha aclarado que "esto es contrario a la directiva europea de protección del consumidor, puesto que no tiene sentido que un contrato tenga cláusulas abusivas, ya que serían nulas". Por todo ello, Bosch ha apelado a "dictar una norma rápida con carácter de urgencia".