Ante la incapacidad de llegar a un acuerdo, la comisión de expertos diseñada por Moncloa y Ferraz decidieron darse como plazo hasta el próximo jueves, cuando el Ejecutivo anunciará un real decreto que incluirá medidas "concretas" y "urgentes" contra los desahucios. El anuncio, que desinfló las enormes expectativas de que al cierre del lunes hubiera un plan consensuado encima de la mesa, se hizo tras cerca de siete horas de tira y afloja a eso de las once y media de la noche.
Fuentes conocedoras del encuentro aseguraron que las negociaciones están muy avanzadas, pero que del lado gubernamental ven "populistas y de difícil encaje" algunas de las propuestas socialistas. Para el Ejecutivo, en ningún caso se debe de poner en duda el sistema hipotecario español, sino que se tienen que buscar soluciones a las deficiencias. Lo primero son lo que han venido a llamar "medidas paliativas" para después, ya con las aguas menos revueltas, afrontar las "preventivas".
Los expertos llamados a poner fin a la crisis de los desahucios se encerraron pasadas las cinco de la tarde en uno de los despachos del edificio de Presidencia, situado en el complejo de la Moncloa. Apenas tuvieron contacto con el exterior para evitar distracciones. De los mensajes de móviles enviados a sus asesores se desprendió de inmediato que la cosa no iba a ser tan fácil y que las posiciones estaban atascadas. Desde el Congreso, la vicepresidenta seguía en su despacho el devenir de acontecimientos, hasta el punto de permanecer en él cuando la casa ya había cerrado sus puertas.
Pese a la presión mediática y social, no hubo acuerdo a la primera. Los contactos seguirán el martes, aunque con la vista puesta en el jueves. Soraya Sáenz de Santamaría fue taxativa en conversación informal con periodistas en la Cámara Baja: el Consejo de Ministros aprobará el paquete de medidas, y eso será el jueves a consecuencia de la cumbre Iberoamericana.
El Ejecutivo apuesta por una mejora del Código de Buenas Prácticas, amén de una paralización de los desahucios que afectan a los colectivos más vulnerables. Esto es, familias con niños a su cargo o ancianos sin ningún empleo o en situación extrema. En este punto Moncloa está siendo especialmente recelosa: "No podemos caer en el error de dejarnos llevar por la psicosis del momento. Estamos hablando de algo muy importante como es nuestro sistema hipotecario", en voz de un alto cargo.
Los contactos con los bancos
Además de las negociaciones con socialistas, el Gobierno también se ha centrado en las entidades bancarias, y ha encontrado receptividad total. Tanto que, por su cuenta, ya han paralizado de forma temporal los desahucios, tal y como apostó Mariano Rajoy el viernes pasado. Según la dirección nacional del PP, "el extremo era tan grave que podían producirse graves disturbios en las sucursales en caso de que no hubieran tomado esa medida".
La ampliación de plazos o entregar la vivienda en dación de pago pero quedándose con un alquiler de renta social es otra de las propuestas recogidas en el informe de Moncloa, en el que participaron los ministerios de Economía, Hacienda, Justicia y Fomento, además del de Presidencia.
Un portavoz autorizado señaló que las perspectivas son buenas, habida cuenta de que el PSOE ha dado su brazo a torcer y se ha puesto una fecha límite: el jueves. Pero también se admite que aún hay varios puntos enquistados y que, tal y como anunció el presidente, la intención era que este lunes ya hubiera un documento firmado. A las cuatro y media del martes, se retoma el encuentro discreto -para así evitar presiones- en la Moncloa.