El Gobierno ya tiene encima de la mesa el nuevo borrador para regular el canon digital en España mediante un Real Decreto-Ley por el que se adoptan "medidas urgentes en materia de Propiedad Intelectual" y que, según el texto, entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero, una vez aprobado.
Tras llegar al poder, el PP adoptó dos medidas relevantes en materia de derechos de autor: en primer lugar, ratificó la denominada Ley Sinde mediante la aprobación de su su reglamento, en donde se permite a una autoridad administrativa el cierre de páginas web sin la debida intermediación judicial bajo la excusa de vulnerar derechos de propiedad intelectual; en segundo lugar, suspendió la aplicación del polémico canon digital, algo obligado después de que la Justicia europea declarara ilegal el método de cobro vigente hasta entonces.
Sin embargo, dicha suspensión era tan sólo temporal. A finales de diciembre de 2011 (disposición adicional décima del Real Decreto-ley 20/2011), el Gobierno eliminó el canon digital para sustituirlo por un nuevo sistema "con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", y cuyas características concretas serían determinadas mediante un futuro reglamento. El citado mecanismo fue presentado al Consejo de Ministros por el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, el pasado junio, y aunque todavía no se ha aprobado, el texto acaba de salir a la luz, tras ser filtrado por Pirates de Catalunya, cuyo candidato a las elecciones catalanas del próximo 25N, Josep Jover, fue, precisamente, el artífice de tumbar el anterior canon digital en Bruselas.
El citado Real-Decreto supone una especie de reforma exprés de la Ley de Propiedad Intelectual y, entre otros aspectos importantes, confirma que el canon digital será sufragado por todos los españoles vía impuestos, al tiempo que prohíbe reclamar la devolución de todas las tasas cobradas antes de 2012, pese a que el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que el canon impuesto a empresas, profesionales y administraciones era ilegal.
Se pagará con impuestos
Hasta esta decisión clave por parte de la Justicia europea, las entidades de gestión de derechos de autor, cuyo máximo exponente es la SGAE, estaban facultadas para cobrar de forma indiscriminada un determinado canon (compensación por copia privada) que se incluía en el precio de venta de ciertos dispositivos y soportes tecnológicos, con capacidad para almacenar y reproducir contenidos audiovisuales protegidos por derechos de autor. La recaudación obtenida mediante este sistema ha oscilado entre 90 y casi 200 millones de euros anuales entre 2003 y 2011. Ahora, el Gobierno, ante la imposibilidad de poder seguir aplicando el anterior canon, opta por sufragarlo mediante los Presupuestos Generales del Estado, es decir, vía impuestos. De este modo, todos los contribuyentes pagarán el citado canon a las entidades de gestión a partir del próximo año.
Su cuantía "se consignará anualmente en la ley de Presupuestos Generales del Estado" en base a criterios ambiguos y subjetivos como, por ejemplo, "el perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos de propiedad intelectual", el diferente impacto económico de la copia privada o digital de contenidos, así como el impacto de las redes de intercambio de archivos (P2P).
El Estado, previa negociación con las entidades gestoras, determinará la cuantía destinada a los autores "durante el primer semestre de cada ejercicio presupuestario". El Ministerio de Educación y Cultura será el encargado de liquidar estos pagos, ideados para compensar "la excepción de copia privada" (el citado canon) correspondiente al ejercicio anterior. Es decir, una vez aprobado el reglamento, los contribuyentes abonarán cerca de 100 millones de euros a los autores antes de junio de 2013, siempre y cuando se mantenga una recaudación por canon similar a la de 2011. Además, Cultura podrá determinar la distribución de los fondos entre las distintas entidades.
Prohíbe reclamar el canon ilegalmente cobrado
Otro de los puntos relevantes respecto al canon es la disposición transitoria primera del borrador, ya que prohíbe la devolución del canon ilegalmente cobrado antes de 2012. La sentencia de la Justicia europea abría la puerta a que empresas, profesionales y administraciones públicas reclamaran ante los tribunales la devolución del canon indebidamente cobrado por las entidades de gestión desde 2003.
Sin embargo, el Gobierno señala que "no tendrán derecho a la devolución del importe abonado o repercutido por la aplicación del régimen de compensación equitativa por copia privada [canon digital] los fabricantes, distribuidores, mayoristas o minoristas y compradores finales [consumidores] que lo hubieran satisfecho antes del 1 de enero de 2012, por la adquisición de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción afectados por dicho régimen de compensación".
Pero eso sí, aquéllos que no lo hubieran abonado antes del 1 de enero de 2012, estando obligado a ello, "deberán hacerlos en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley". Es decir, el Gobierno impide a las empresas, administraciones y profesionales reclamar el pago del canon ilegalmente cobrado desde 2003, al tiempo que exige su pago a los autores a los que no lo hayan abonado.