El déficit de la Administración central se ha situado en el 4,39% del PIB en septiembre, lo que implica 43.113 millones de euros, un desfase fiscal bastante mayor, por tanto, al 3,53% registrado en el mismo periodo de 2011 (37.540 millones).
Vaya esto por delante para evitar que la brigada del aplauso imponga fijarse sólo en el hecho de que el déficit durante los nueve primeros veces del año ha quedado por debajo, una décima por debajo, del objetivo anual del Gobierno para este año, situado en el 4,5%, en lo que a la Administración central se refiere. Este hecho, sin duda, es cierto, como lo es también el dato, aun más plausible, de que se ha podido reducir el déficit respecto al pasado mes de agosto, que alcanzó el 4,77%.
Sin embargo, no hemos de olvidar que si el gran desfase entre gastos e ingresos de 43.133 millones de euros obtenidos hasta septiembre es compatible con los objetivos fijados por el Gobierno, esto se debe, única y exclusivamente, a que el Ejecutivo ha ido paulatinamente relajando esos objetivos. Recordemos que el PP accedió al poder comprometiéndose a reducir el desequilibrio fiscal –no de la Administración central, sino del conjunto de las Administraciones Públicas– al 4,4% en 2012. Pero en marzo ya lo relajó hasta el 5,3%. Poco tiempo después lo relajó todavía, más hasta situarlo en el 6%. Hace nada lo fijó en el 6,3%, lo que ampliaba el limite de déficit para la Administración central hasta el ya mencionado 4,5%.
No olvidemos que la prima de riesgo de nuestra deuda soberana no sólo se alimenta del déficit de la Administración central, sino del conjunto del todavía Reino de España. Y que no será suficiente que la Administración central cumpla sus objetivos, han de cumplir también las demás Administraciones, autonómicas y municipales. El Gobierno asegura que éstas cumplirán. Ojalá así sea, pero no hay que olvidar que, para lograrlo, el Gobierno les ha concedido créditos extraordinarios que, aunque no computen en este ejercicio fiscal como déficit, sí lo harán en años próximos como intereses de deuda. Eso, sin olvidar la carga que para nuestra recuperación económica está suponiendo atajar el déficit básicamente mediante aumentos de impuestos e incremento de la deuda.
Más sensato nos parece, por tanto, ejecutar ya los planes de reforma y adelgazamiento de nuestro sector público –como los que tienen elaborados desde hace años las Fundaciones del PP o de UPyD–, que no retrasarlos aun más con la creación de una Comisión de Expertos para la Reforma de las Administraciones Públicas, tal y como nos anunció Sáez de Santamaría tras el pasado Consejo de Ministros.
En definitiva, que no es que queramos dar por perdida la batalla contra el déficit. Es que no creemos responsable darla ya por ganada.