El gran problema económico que tiene este país es que, en la década pasada, se creó un modelo al que podríamos calificar de gigante con pies de barro. Sí, es cierto que las cifras de crecimiento y de creación de empleo en la primera mitad de la misma fueron espectaculares, pero ¿qué había detrás de ellas? La burbuja inmobiliaria y una expansión incontrolada del sector público, sobre todo del autonómico y local, financiada con los ingresos presupuestarios extraordinarios que aportó la disparatada evolución de los precios de la vivienda. Por desgracia, esa expansión del sector público no ha tenido como fin ofrecer a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, sino crear una tupida red de empresas públicas de tan dudosa utilidad como necesidad; empresas que, por ser públicas, tienen el defecto de que no tienen que jugarse su supervivencia día a día en el mercado.
Sólo así puede explicarse un hecho que acaba de poner de manifiesto la encuesta de estructura salarial 2010 del INE: en ese ejercicio, el salario del empleado público fue un 30,8% más alto que el del privado.
Si las empresas públicas estuvieran de verdad sometidas a la competencia, esta situación nunca podría darse. Pero, como no es el caso, no tienen los mismos incentivos que el sector privado para controlar sus costes. Ellas no van a desaparecer ni a quebrar, porque lo más probable es que alguien acabe por salvarlas con tal de no tener que asumir costes políticos. Como los sindicatos saben esto de sobra, presionan más y más para conseguir condiciones salariales imposibles.
Aquí no se trata de competitividad ni de velar por el interés público. Se trata de intereses particulares. Desde luego, éstos se defienden mucho mejor cuando uno trabaja, por ejemplo, en Renfe que en una empresa privada de transporte de viajeros.
Los ajustes salariales no han llegado a muchas de las empresas públicas; en aquellas a las que sí han llegado, los sindicatos han tratado de poner a los trabajadores en pie de guerra, como en el metro de Madrid. Los sindicatos, que son causa importante de los graves problemas presupuestarios de nuestro país, rechazan los ajustes y hacen que paguen justos por pecadores. En la función pública hay mucho mileurista al que se la ha bajado el sueldo y quitado la paga extra de Navidad, pero a la mayoría de los empleados de las empresas públicas no se les ha tocado la nómina. En la empresa privada se despide gente y se recortan sueldos por mera supervivencia; en la pública no pasa nada de esto, como si la crisis no fuera con ella.
Este estado de cosas ya resulta del todo imposible de mantener. Decía Margaret Thatcher que el socialismo se acaba cuando se agota el dinero. Pues en España ya no hay recursos para mantener tanta empresa pública con tanto empleado privilegiado. El ajuste presupuestario debería empezar por ahí.