La complejidad de la situación económica, la caída de la demanda interna, el exceso regulatorio y los impuestos pueden hacer que miles de personas que están empleadas en grandes superficies comerciales pierdan su puesto de trabajo. El sector está haciendo un enorme esfuerzo por ajustar márgenes y contener los precios para así seguir vendiendo e intentar hacer el menor número de recortes en personal, pero la presión fiscal y burocrática es creciente y está complicando ese objetivo.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) agrupa a las más importantes compañías de distribución, entre las que figuran El Corte Inglés, Carrefour, IKEA o Media Mark, y que facturaron 38.971,6 millones de euros en España durante el pasado ejercicio, lo que supone un descenso del 2,4% con respecto a 2010. El peso relativo de las empresas asociadas a Anged en las ventas totales del comercio minorista en España rozó el 18% en 2011 (217.398 millones de euros).
El sector ya perdió 6.872 puestos de trabajo el pasado año tras cerrar el ejercicio con 230.810 empleados (-2,9%). Pese al intento de las empresas por mantener el empleo, la caída de la demanda interna es la causa, según la patronal, de estos despidos. En este sentido, desde el sector de las grandes superficies aseguran que están concienciado en el mantenimiento del empleo ya que comparado con el resto de sectores la destrucción está siendo más moderada.
Sin embargo, denuncian que el exceso de regulación les está impidiendo crear en torno a 160.000 empleos y les está abocando a una situación límite en la que se podrían perder miles de puestos de trabajo en los próximos meses.
Un sector intervenido
La excesiva regulación autonómica, sumada a la municipal y estatal, atenta contra la competencia lo que, finalmente, afecta al consumidor. Juan Manuel de Mingo, expresidente de Anged, lamenta en su Informe Anual 2011 estar en un sector "intervenido", que no regulado, con un cúmulo de normas que pretende dirigir la vida empresarial.
El sector está intervenido por 17 reguladores, 17 comunidades autónomas, que aplican leyes diferentes de manera discrecional. Esta ineficaz burocracia complica la gestión de las empresas, eleva los costes e impide, a muchas empresas como por ejemplo IKEA, abrir nuevos centros en nuestro país y crear así miles de empleos.
La falta de libertad económica y, en consecuencia, la dificultad para instalar nuevas superficies comerciales impide crear, según la patronal, 160.000 empleos y, además, paraliza 2.500 millones de euros de inversión. Desde la asociación, denuncian que el Gobierno no ha entendido su apuesta por la inversión y por seguir manteniendo el consumo y el empleo.
Más impuestos
La creación de nuevos impuestos a las grandes superficies, que se están expandiendo por todo el territorio nacional, son considerados altamente discriminatorios por el sector. En la actualidad, existe este tipo de impuestos en Cataluña, Aragón, Asturias y Canarias.
Este jueves se unían a este gravamen Andalucía y Baleares. El Gobierno balear está "terminando de perfilar" un impuesto que pagarán los grandes comercios en función de la superficie que ocupen y con el que prevé ingresar en las arcas públicas entre 7 y 10 millones de euros extra. Por su parte, el consejero andaluz de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, informó el pasado jueves que con el nuevo impuesto dirigido a las grandes superficies comerciales, que entrará en vigor a comienzo 2013, se recaudarán entre 15 y 20 millones de euros.
Restricción a los horarios
Además, la última reforma en materia de horarios comerciales aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es poco ambiciosa. La normativa fija en 12 el número de aperturas anuales en domingos y festivos, pero posibilita a las comunidades autónomas reducir este número hasta un mínimo de ocho. Al fijar un mínimo hace que las comunidades elijan ese mínimo (ocho aperturas) en vez del máximo. Desde la patronal de grandes superficies consideran que se trata de una reforma sólo aparente, con un impacto irrelevante y muy alejado de las medidas de calado que requiere la economía española para recuperar la confianza y el consumo.
Un estudio de la UNED encargado por el propio Ministerio de Economía asegura que las restricciones de horarios están impidiendo la creación de 160.000 empleos. En la misma línea, Fernando Fernández, del IE, publicó un estudio en el que estima que la liberalización generaría a medio plazo 20.000 puestos de trabajo directos.
Estos análisis califican de obsoleta la regulación en materia de horarios comerciales en España. La justificación de no liberar los horarios por el daño que se le hace al pequeño comerciante carece de sentido. Gran parte de la legislación vigente en este sentido defiende una estructura de consumo, y por ende de consumidor, que ya no existe. Estas leyes también intentan proteger a un comerciante en crisis, vulnerable a las grandes superficies cuando, en realidad, se trata de un comercio minorista obsoleto que no ha sabido adaptarse a los cambios.
Por todo esto, desde el sector piden leyes justas, iguales para todas las comunidades autónomas y que no favorezcan a unas respecto a otras. Defienden una reforma en los horarios de apertura comercial más ambiciosa, en definitiva, un calendario de aperturas único a nivel estatal que permita abrir sus comercios todos los domingos y festivos potencialmente fuertes.